Recurso de Sossa no para investigaciones, Molino

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, aseguró que la advertencia de inconstitucionalidad presentada por el procurador José Antonio Sossa no detiene la investigación sobre el pago de sobornos en el caso CEMIS para aquellos legisladores que ya se levantaron la inmunidad.
Agregó que en este caso dos magistrados de la Corte Suprema deberán declararse impedidos.
Molino Mola aseguró que el recurso presentado por Sossa tiene mucho sentido, debido a que el artículo 212 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa tiene claros visos de inconstitucionalidad.
A juicio del exmagistrado, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Legislativa no debe tener facultades para ordenar el archivo de una investigación contra los legisladores, ya que esto le corresponde al Pleno de la Asamblea Legislativa.
"Lo que el Procurador ha previsto es una situación en donde los miembros de la Comisión de Credenciales pueden no remitir al Pleno de la Asamblea Legislativa la discusión de sí se levanta o no la inmunidad de todos los legisladores y que la Asamblea sólo tiene facultad para juzgar al Presidente de la República y a los Magistrados de la Corte", explicó.
Sostuvo que no es cierto que se congele el proceso adelantado por el Ministerio Público hasta que la Corte emita un fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por Sossa, debido a que los legisladores que voluntariamente se han levantado la inmunidad, pueden ser investigados.
Planteó que ello permite a Sossa continuar con todas las diligencias correspondientes a ese grupo sin inmunidad y luego esperar hasta el mes de junio, cuando se produce el receso legislativo, para investigar al resto.
Estimó que el Pleno de la Corte puede emitir un concepto sobre la advertencia presentada por Sossa en un lapso de tres meses, debido a que en este caso las circunstancias son diferentes a las del juicio del magistrado José Manuel Faúndes.
También aseguró que los magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista deberán declararse impedidos para conocer este expediente, por tener alguna vinculación en el caso.
Asimismo se aprobó que se refuercen los procesos de jurisdicción coactiva, dotando a los juzgados ejecutores de los requerimientos necesarios para que lleven adelante su labor. La propuesta de que se eleve a categoría de delito penal a la evasión de la cuota obrero-patronal, también fue aprobada por la plenaria.
Sin embargo, no hubo consenso para modificar la fórmula de nombramiento del Director General de la CSS, para que éste sea escogido por la Junta Directiva. Así como tampoco, para entregar en concesiones algunos servicios que brinda la institución.
Se acordó la creación de un Sistema Nacional de Salud y un Modelo de Atención Médica, y se agregaron algunos controles para evitar la no afiliación, la evasión y la morosidad de las empresas.
El plenario aprobó la propuesta que plantea la necesidad de la modernización del Sistema de Archivos Médicos, para disminuir la demora en la entrega de las cuadrículas médicas a los consultorios.
El nuevo Modelo de Atención establece que los pacientes tendrán la disponibilidad de escoger un médico de cabecera disponible, sin importar el área donde resida. El médico general será responsable de atender entre 2,500 a 5,000 pacientes por año. Esta cifra podrá ser diferente, según el área de trabajo.
Mientras tanto el odontólogo será responsable, el primer año, de atender 250 pacientes, a quienes tendrá que dejar en completa salud oral. También se acordó la modernización del sistema de compras, el cual debe estar todo automatizado, para que se conozcan las cantidades consumidas por cada unidad ejecutora y dentro de ella, por cada servicio.
La mesa presentó un anteproyecto de ley que tiene como objetivo modificar la norma actual que rige los Riesgos Profesionales, la cual data de la década del 70 y ha sido calificada como "obsoleta".
No obstante, esta propuesta no recibió el consenso del plenario sino que se acordó que la mesa nuevamente se reúna con los diferentes sectores para mejorarla.
El proyecto recibió el rechazo del sector empresarial, por considerarlo demasiado "oneroso" para los trabajadores, pero las críticas fueron correspondidas por los integrantes de la mesa, quienes argumentaron que ellos (empresarios) jamás participaron en las reuniones.
Algunos de los aspectos que incluye la nueva norma es que la CSS otorgue una pensión complementaria al trabajador de actividades de alto riesgo, para contribuir a su retiro anticipado, a los 50 años las mujeres y 55 años los hombres. En este último caso, las empresas ubicadas en estas actividades económicas pagarán una tarifa adicional por Riesgos Profesionales, para cubrir las mismas.
Se establece que los accidentes de trabajo, las molestias, enfermedades profesionales relacionadas con el trabajo o agravadas por éste, son de denuncia obligatoria por parte de los servicios médicos de la institución, de los públicos o privados. El incumplimiento de este artículo será sancionado.
Otra de las medidas que fue incluida es la obligatoriedad de las empresas de reponer en su ocupación habitual, al trabajador que dejó de desempeñarla por haber sufrido un accidente de trabajo, enfermedad profesional o relacionada con el trabajo, o agravada por el trabajo; siempre y cuando no sufra de invalidez permanente, ni hubiese transcurrido más de un año.
En cuanto a las sanciones, se dispuso que el patrono que retenga, oculte o adultere en cualquier forma el salario de sus trabajadores para el pago de la prima de seguro, será sancionado con multa de diez mil balboas. También cuando trate de burlar los efectos de la presente Ley, será sancionado con multa de B/.10 mil a B/.100 mil.
Algunos de los aspectos que objeta el sector empresarial es que el proyecto carece de un estudio económico, encarece la producción y "desincentiva" las inversiones.
Hasta el momento no ha habido consenso sobre las propuestas planteadas para superar el déficit actuarial de la CSS. Algunas de las mencionadas son el aumento de la edad de jubilación, disminución de la tasa salarial o disminución del 60% del salario a lo cual se tiene derecho al cumplir 15 años de cotización; incremento de la densidad de la cuota o la cantidad de años requeridos de cotización para que se tenga derecho a una jubilación y aumento en los años sobre los cuales se calcula el monto de la pensión.
También se mencionaron la diversificación de la cartera de inversiones, incrementar el retorno sobre las cotizaciones, transferir excedentes del Programa de Administración al IVM, reformar régimen de pensiones, establecer sistemas de tres pilares y el subsidio del Estado.
El próximo 18 de mayo el PNUD celebrará la última reunión de la mesa del PIVM, que deberá presentar la recomendación o propuesta final que contribuya a mejorar la situación financiera de la entidad de seguridad social. Posteriormente, el 29 concluirá el diálogo con la plenaria que aprobará el informe final.