Antes de emitir una vista fiscal sobre los hechos suscitados el 9 de enero de este año en el Centro de cumplimiento de Menores, la fiscal primera superior, Geomara Guerra de Jones, debe resolver nueve peticiones de sustitución de medida cautelar, que solicitó la defensa de los nueve policías involucrados en este proceso.
Estos policías, junto con dos custodios y la exdirectora del centro, Iris Cedeño, enfrentan la supuesta comisión de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y contra la libertad individual.
En el hecho, cinco menores fallecieron producto del incendio que se registró dentro de una de las celdas, mientras que otros dos resultaron con quemaduras de gravedad.
Actualmente, los policías tienen una medida cautelar de cuartel por cárcel, es decir que no pueden salir de la sede central de la Policía Nacional en Ancón, y cumplir la medida dentro de esta y realizando labores administrativas.
Sin embargo, su defensa solicitó que se le aplicara la medida cautelar de país por cárcel.
Recientemente, el Segundo Tribunal Superior de Justicia remitió el expediente a esta fiscalía, luego que se resolvieran varios incidentes, que fueron a favor de este despacho.
