Datos variossobre la Investigación
88- fincas del Estado fueron traspasadas de forma fraudulenta a terceros.
- órdenes de detención ha girado el Ministerio Público en esta investigación.
- de las primeras personas que fueron detenidas se les dictó medidas cautelares.
Al menos 34 sociedades anónimas y una fundación fueron utilizadas por la banda que, presuntamente, inscribió de forma fraudulenta 88 fincas, la mayoría propiedad del Estado, durante la administración del expresidente Martín Torrijos (2004-2009).
Ayer, La Fiscalía Décimo Sexta y la Fiscalía Anticorrupción, otorgó medida cautelar a las primeras seis personas vinculadas a esta investigación, entre ellas José Edir Torres, exfuncionario de Reforma Agraria.
Sin embargo, existen otras 11 órdenes de conducción, giradas por la fiscalía, de las cuales la mayoría de los imputados son familiares del diputado Freidi Torres, del opositor Partido Revolucionario Democrático.
La lista incluye a cuatro de sus hermanos: Ricardo, Abdel, Antonio y Oliver.
Según fuentes judiciales, dentro de los terrenos de la Nación que fueron inscritos fraudulentamente se encuentra una finca de 126 hectáreas en isla de San Miguel. La misma fue registrada a favor de una fundación de interés privado denominada Rey Davida, a un costo simbólico de 5.5 dólares por hectárea.
La fecha de inscripción de la finca N.° 300989, y cuyo código de ubicación es el 8107, data del 14 de abril de 2009 y fue avalada por Nadia Moreno, meses antes de que dejara el cargo de directora de Reforma Agraria.
Moreno fue, precisamente nombrada durante la administración del expresidente Torrijos, por recomendación del diputado Torres.
Ayer se conoció que Moreno es una de las personas que ya fue llamada a declarar en este proceso, ya que el cargo de directora de Reforma Agraria no le daba jurisdicción en territorios insulares.
Esta investigación se inició luego de que uno de los afectados privados en la provincia de Chiriquí presentó la denuncia ante las autoridades competentes.
El resto de los terrenos de la Nación, que supuestamente fueron inscritos irregularmente por esta red, se encuentra entre las provincias de Los Santos, Veraguas y Chiriquí.
Al ser consultado sobre la parentela con los presuntos implicados en el caso de fraude al Estado, el diputado Torres confirmó la vinculación filial con estos.
Sin embargo, Torres dijo que sus familiares están siendo investigados como afectados y no como posibles miembros de esta red.
“Hay mucha gente que ha sido estafada, y los hermanos míos fueron utilizados en eso. Ellos compraron tierras al igual que mucha gente, y lo que entiendo es que se está investigando es si el trámite fue ilegal o no”, señaló.
Pero ayer el diputado trató de guardar distancia de José Edil Torres, supuesto cabecilla de la red. “Este era funcionario de Pronat. Ese muchacho entiendo que era miembro del equipo que estaba en la tramitación de los títulos de propiedad”, mencionó.
Sin embargo, el pasado miércoles, el diputado reconoció a José Edil Torres como su primo hermano. También tomó distancia de la exdirectora de Reforma Agraria.
En su lugar, el diputado denunció que detrás de esta investigación hay un caso de persecución política del gobierno actual. “Mis hermanos están siendo investigados por ser hermanos de Freidi Torres, añadió. Están investigando a todos los hermanos míos, que son 24”, manifestó.
