Reducirán tamaño del Gobierno

El nuevo presidente de Panamá, Martín Torrijos, advirtió que reducirá el tamaño del sector estatal para poder alcanzar las metas fiscales en el presupuesto de este año.
Torrijos tiene hasta fin de año para imponer un estricto control en el déficit fiscal, el que podría llegar al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), según analistas. La ley panameña prohíbe que el déficit fiscal supere el 2% del PIB, lo que implica que el gobierno tendrá que recortar el gasto o endeudarse para evitar violar la norma.
"Es una situación muy difícil, al final de cuentas hay que revisar el tamaño del Estado y la función del Estado", dijo Torrijos.
Cerca del 80% del gasto público de Panamá sirve para pagar salarios en el gobierno, según analistas, pero Torrijos no dijo abiertamente que recortaría empleos.
"Hay un problema de un incremento de gastos en los últimos cinco años, no sólo un problema en cantidad de personas, sino en la forma en que se utilizan los recursos", agregó.
"Vamos a presentar en los próximos 60 días un plan nacional para racionalizar los gastos de Estado", dijo.
Analistas dicen que uno de los pocos lados positivos de la economía de Panamá, la cual se basa en buena parte en el Canal de Panamá, es el crecimiento anual del 6% y dieron la bienvenida a la buena voluntad de Torrijos para tomar decisiones impopulares.
Torrijos también prometió "profundas reformas estructurales" al sistema de pensiones.
Reconoció que para los inversionistas extranjeros es una mala señal la falta de protección en el sistema judicial de Panamá.
"Vamos a impulsar la mayor cantidad de reformas posible para garantizar que el sistema judicial ayude a fomentar el desarrollo y crear reglas claras para que inversionistas no tengan que preocuparse por el cambio en las reglas del juego", dijo.
El presidente ha señalado que la racionalización del gasto se acompañará de una gestión transparente.
Sobre la eliminación del reglamento de la Ley de Transparencia, la directora Ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, afirmó que la rendición de cuentas de los recursos estatales en la gestión obliga obliga a los panameños a tener los derechos de solicitar toda la información que se requiera.
Castillo recalcó que hasta el momento los panameños han sido tímidos para pedir cuentas porque existía el reglamento.
Agregó que ahora ante la realización de una obra gubernamental todos los ciudadanos pueden pedir la información de saber cuánto se invierte, qué empresa ha sido beneficiada y de cómo se están utilizando los recursos del Estado.
Los formularios para pedir información se pueden obtener en la Defensoría del Pueblo y en la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
Para este trámite no se requiere de un abogado. El funcionario tiene 30 días hábiles para suministrar la información, y sí no contesta, se debe interponer el recurso de hábeas data.
Panamá, con un 14% de desempleo y la mitad de la población en la pobreza, tiene una abultada deuda pública de 9,100 millones de dólares en una economía en la que el PIB fue de 12,000 millones de dólares en el 2003, lo que hace difícil que se pueda endeudar más para alcanzar la meta de déficit fiscal.