El Gobierno prepara un anteproyecto de ley para reformar la Ley 23, con el fin de excluir de sus beneficios a sociedades anónimas que han “acaparado” tierras con alto potencial turístico en diferentes partes del país.
La Ley 23 fue promulgada el 21 de abril pasado por el ex presidente Martín Torrijos, con la intención de permitir, principalmente, que personas de escasos recursos puedan obtener los títulos de propiedad de los terrenos que han ocupado durante años.
Esta Ley plantea que por la inscripción de una hasta veinte hectáreas se podrá pagar 50 balboas, de veinte a 50 hectáreas, 100 balboas, y por más hectáreas, 150 balboas.
La medida “beneficiaría” a las personas que demuestren haber ocupado las tierras por cinco años o más y tendrían hasta 10 años para pagar el valor de la tierra.
No obstante, el director de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, Publio Cortés, aseguró que el Gobierno pretende otorgar gratuitamente sus títulos de propiedad a los sectores humildes, pero no a aquellos que acumulan grandes extensiones de tierra.
Aclaró que para estos casos se diseñará una política diferente con respecto al precio de venta de las zonas costeras y territorio insular.
¿Negocio? Catastro informó a Panamá Américaque cientos de sociedades anónimas acaparan costas e islas del país delimitando hectáreas para crear centros turísticos u otras actividades de negocio.
Catastro detectó que en varias solicitudes de compra se repiten los mismos directivos en varias sociedades anónimas, quienes fraccionan el terreno para bajar los costos de venta de los mismos.
"No queremos decir que todos los solicitantes quieren hacerle trampa al Estado, pero la posibilidad de que se puedan amparar por la ley genera debate", sostuvo Cortés.
Expresó que las personas deben recordar que estos terrenos son del Estado, aunque cuenten con derechos posesorios.
