El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, presentó al pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que adiciona artículos a la Ley 51 de 2009 y autoriza a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) establecer las directrices que deberán seguir los concesionarios y usuarios de los servicios de telecomunicación pre-pago, que posibilite los procedimientos de registro de datos y la fiscalización del cumplimiento de la Ley 51.
También obliga a los concesionarios a hacer una campaña de información a los clientes y usuarios para informarles sobre la obligatoriedad de registrar y actualizar sus datos de identidad personal, lo cual se hará de forma gratuita para los usuarios.
Los que incumplan la ley incurrirán en infracciones en materia de telecomunicaciones y serán sancionados por la ASEP con multas entre mil y un millón de dólares, dependiendo de la gravedad de la falta.
