Reformas violan la libertad de expresión

"ME PARECE totalmente violatorio a la libertad de expresión cualquier iniciativa frente a la cual los periodistas puedan ser privados de libertad en relación con su trabajo", estimó el relator para Panamá de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, Ignacio Álvarez.
Al mismo tiempo, Álvarez siente preocupación por la situación que se sitúa en Panamá, con esta propuesta formulada al Ejecutivo por la Comisión Codificadora encargada de las reformas a los códigos Penal y Procesal Penal, las cuales incrementan las sanciones en el proyecto para los supuestos de calumnia e injuria cometidos por los medios de comunicación social.
No obstante, defiende la posición de que los empleados públicos deben estar a un mayor nivel de escrutinio que no sólo comprenda sus actividades oficiales, sino también su vida privada, la cual es contraria a lo que proponen las reformas al Código Penal.
Las reformas establecen en el Artículo 215 que la injuria sólo se le admitirá pruebas sobre la verdad de sus imputaciones, cuando éstas vayan dirigidas contra servidores públicos, corporaciones públicas y privadas, en razón de los actos relativos al ejercicio de sus funciones, siempre y cuando no se refieran a la vida conyugal o privada del ofendido.
Sobre el tema, Juan José Ceballos aseguró, "con periodistas no discutimos el tema".
El periodista Luis Botello, director de Programas para América Latina del Centro Internacional de Periodistas (ICFJ) con sede en Washington, señala tácitamente que el anteproyecto de ley incluye el factor de la "real malicia" para poder sancionar la expresión que se difunde en los medios. El cual deja la carga de la prueba en el acusado (periodista) y no deja claro la diferencia entre casos que involucren a empleados públicos o personas que voluntariamente se convierten en figuras públicas y que, en una democracia, deben estar más expuestas al escrutinio público.
"En otras palabras, este anteproyecto de ley convierte a Panamá en un santuario para la corrupción y deja la puerta abierta para que se cometa un abierto abuso de poder con completa impunidad", expresó el periodista.
Mientras la procuradora Gómez se mostró de acuerdo en que se trate de la misma forma la calumnia e injuria, las cuales, según su criterio personal, tienen implicaciones de tipo legal y administrativas distintas.
En tanto, la secretaria Ejecutiva del Consejo de Transparencia contra la Corrupción, Alma Montenegro de Fletcher, señaló la importancia de los medios de comunicación, los cuales juegan un papel preponderante como un apoyo a los problemas que afectan a la sociedad en general.
"La idea es que no se coarte ese vehículo de información", declaró.