El ministerio de Gobierno y Justicia emitió el Resuelto No. 266R-110 de 9 de agosto de 2000, el cual dispone que es deber del médico del centro penitenciario certificar la necesidad que tiene un imputado que guarde detención preventiva, de ser trasladado hacia una instalación pública de salud, cuando así lo amerite.
La resolución contenida en la Gaceta Oficial del jueves 31 de agosto de 2000 y que modifica el artículo 55 de la Resolución No. 264 de 1992, se adopta a fin de reglamentar la asistencia a citas médicas de los imputados que guarden detención preventiva y que han sido autorizadas por el médico del centro penitenciario, a fin de salvaguardar la vida e integridad física de éstos.
La resolución 266R-110 dispone además que el centro médico que mantenga custodia al imputado que guarda detención preventiva, coordinará las citas médicas con la institución pública de salud, cuando sea necesario.
Agrega que la asistencia a las citas médicas de los imputados que guarden detención preventiva será autorizada por la dirección del centro penitenciario que lo mantenga en custodia y así lo comunicará por escrito al funcionario que conozca de la causa.
Asimismo las medidas de seguridad que se dispensen al imputado durante su traslado y comparecencia en la institución pública de salud, será responsabilidad del director de la penitenciaria que lo mantenga bajo custodia.
La norma exige que una vez el imputado, que guarda detención preventiva, haya sido trasladado por alguna urgencia médica que precise de hospitalización, el director del centro que lo mantenga bajo custodia, debe dar aviso por escrito al funcionario que conozca de la causa y al Instituto de Medicina Legal, para comprobar la situación y ordenar se tomen las medidas correspondientes.
Para el caso de imputados que guarden detención preventiva y que padezcan enfermedades que requieran de períodos de hospitalización programados, estas hospitalizaciones deberán ser autorizadas por el funcionario que conozca de la causa y por el Instituto de Medicina Legal.
