"Nosotros no hemos hecho nada más que lo que hemos venido haciendo en el pasado, que es actualizar la reglamentación para que todos los protagonistas tengan claras las reglas del juego", precisó.
Valdés Escoffery dijo que la reglamentación "la hemos actualizado para una presidenta (Moscoso) que ha dicho que quiere hacer campaña" para las elecciones generales del próximo año.
"Allí están las reglas del juego bien claras para que (la presidenta) sepa a qué puede exponerse y a qué no en cuanto al uso de recursos del Estado, que es lo que prohíbe la Ley", señaló.
La primera reglamentación fue expedida por el Tribunal Electoral en el año 1992, en ocasión del referéndum constitucional y la referencia se aplicó a las elecciones de 1994.
Esa misma reglamentación se actualizó a las circunstancias que se vivían en 1998, para señalar al expresidente Ernesto Pérez Balladares qué podía hacer y qué no durante su intención de buscar la reelección y esa misma norma se aplicó a las elecciones de 1999.
De allí que ahora esta reglamentación se ha actualizado ante una Presidenta que ha dicho que quiere hacer campaña para que sepa a qué exponerse.
Lo que se le prohíbe a los funcionarios públicos, incluyendo al Presidente y vicepresidentes de la República, es la utilización de los recursos del Estado en campañas políticas.
Todos los funcionarios electos pueden hacer y participar en actos políticos, inclusive en su horario de trabajo, pero no pueden utilizar los bienes estatales en dichos eventos.
Explicó que si las autoridades utilizan los actos de inauguración a favor de un partido político o para arremeter contra otros, es claramente un acto de proselitismo y pueden caer en la violación de las normas del Código Electoral.
En respuesta a la preocupación de la mandataria, el magistrado afirmó que no es la primera vez que se emite un decreto regulando la actividad política de los funcionarios, pues anteriormente se han tenido dos experiencias que han servido de mucha guía y de "medicina preventiva" para que los funcionarios sepan hasta qué punto pueden llegar.
El Código Electoral establece penas de prisión y la inhabilitación para ejercer funciones públicas, sin embargo, el magistrado espera que no sea necesario de juzgar a nadie y que los funcionarios sean respetuosos de las normas como en el pasado.
A juicio de Valdés Escoffery las medidas preventivas han sido positivas y recordó que se equivocaron los que pensaron que el TE no podría actuar frente a un Presidente que buscaba la reelección, y que el mandatario respetó las reglas del juego, por tanto se espera que ahora la gobernante de turno también lo haga.
Las declaraciones de Valdés Escofery se dieron durante la suscripción de un convenio de cooperación y asistencia técnica con la Procuraduría de la Administración, para el establecimiento de la firma electrónica y la implementación de la certificación digital portátil.
A partir de las 4:00 p.m., de este martes y finalizado el paro, los capítulos quedarán en espera de nuevas acciones hasta que la situación se mejore. Más de 400 funcionarios administrativos de la CSS en la Policlínica Gustavo A. Ros, en David y en las demás instalaciones de Chiriquí paralizaron ayer de forma completa los servicios de salud.
El cuarto de urgencia, los servicios de laboratorio, de farmacia y Rayos X, estuvo abierto a la población.
Sin embargo, los dirigentes de ANFACSS en esta región podrían ser sujetos de aplicación de las medidas legales, así lo confirmó Enrique Fernández, director institucional de la CSS, quien destacó que no comparte la situación registrada en las Policlínica Gustavo A. Ros, ya que a su juicio es un problema grave porque se violó el derecho a terceros con el cierre total de acceso al personal (médico, técnico y público) que no está en paro.
Expresó que tomarán las medidas que estén dentro del marco de la ley por la violación de los derechos a terceros, el libre tránsito por parte de los funcionarios de ANFACSS y afirmó que le comunicó su opinión a la dirigencia.
Además, manifestó que en el Hospital Regional Rafael Hernández se trabajó de manera normal en el cuarto de urgencias, sala de hospitalización, sala de operaciones, la sala de cuidados intensivos y la consulta externa de algunas especializadas. Como medida de protesta y apoyo a las manifestaciones que se están realizando a nivel nacional, funcionarios de la agencia de la CSS de Penonomé se encontraban ayer desde tempranas horas en las afueras de las instalaciones con pancartas.
Los funcionarios de la agencia señalaron que sólo están laborando en la ventanilla de pago a jubilados, no así en otros departamentos como afiliación, contabilidad, pensiones y subsidios.
Posteriormente piquetearon frente a las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas de Coclé, ubicadas en Penonomé.
Para Justo Abel Aizprúa, dirigente en la provincia de Veraguas, el paro fue exitoso, y su efecto fue notorio en cada una de las instalaciones de la entidad.
Mencionó que en la coordinación de la CSS, en la Policlínica Horacio Díaz Gómez, en el Hospital Ezequiel Abadía de Soná y en el resto de las instalaciones a nivel de la provincia, se apoyó el paro.
