Los ciudadanos que auxilian o atiendan emergencias o urgencias en un momento dado, ya cuentan con una regulación sobre la protección legal que les exime de responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Se trata del Decreto Ejecutivo N°346 que reglamenta la Ley 57 de 30 de noviembre de 2016 y que busca hacer efectivo el cumplimiento de esta protección.
La reglamentación, que es de obligatorio cumplimiento para los nacionales y extranjeros que se encuentren en el territorio panameño, contempla, entre otras especificaciones, que toda persona puede auxiliar a otra que se encuentre en una situación que ponga en riesgo su vida, identificándose con ella y recibiendo su autorización para la ayuda o rescate; si la víctima no responde, se da por entendido que es una aprobación para recibir ayuda.
Así mismo, detalla que ningún empleador podrá prohibir o tomar represalias hacia un colaborador que de forma voluntaria provea los primeros auxilios.
