Regularán nombramiento de magistrados

La Asamblea Legislativa debe entrar a discutir en los próximos días un anteproyecto de ley mediante el cual se prohíbe a los ministros de Estado o personas moralmente cuestionadas llegar a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Esta iniciativa del legislador Aníbal Culiolis, del Partido Popular, fue secundada por Felipe Cano y Jerry Wilson, ambos del Partido Revolucionario Democrático (PRD). La misma fue presentada ante el pleno legislativo en momentos en que estaba pendiente la ratificación del ex ministro de Gobierno, Aníbal Salas como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
La propuesta consta únicamente de tres artículos, a través de los cuales se pretende modificar el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, básicamente en el artículo 217-A de esta norma que es ley de la República.
Esta propuesta no es de carácter social, razón por la cual no tendrá efectos retroactivos y en el caso que llegara a ser aprobada, entraría en vigencia a partir de su promulgación, razón por la cual no afectaría la ratificación del magistrado Salas, quien debe tomar posesión de su cargo en el mes de enero próximo.
Según el artículo 2 de la propuesta, al momento que se lleve a la Asamblea Legislativa el nombramiento del cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Procurador de la Nación y Procurador de la Administración, además de comprobar el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la Constitución Nacional y la Ley debe ponderar atributos morales y emocionales del candidato, así como sus logros y ejecutorias académicas, profesionales y ciudadanas.
El artículo segundo de la propuesta dispone que para preservar la independencia del Organo Judicial y coadyuvar a que los órganos del Estado funcionen de manera separada, pero en armónica colaboración, se establece la prohibición a que sean designados como magistrados de la Corte, las personas que sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el presidente de la República, los vicepresidentes, ministros o viceministros de Estado.
Tampoco podrán aspirar a magistrados quienes hayan ocupado cargos públicos con mando y jurisdicción en el Organo Ejecutivo ni como miembros de la Asamblea Legislativa en el período gubernamental en el que se hace la designación.