La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, solicitó a la Corte Suprema de Justicia declare que no es inconstitucional el auto No. 66-S.I. del 2 de julio de 2002 emitido por el Segundo Tribunal de Justicia, en donde se decide mantener en el cargo a la alcaldesa de Colón, Matilde Rosales de Ardines.
Según la opinión de la procuradora, la decisión emitida por el Segundo Tribunal de Justicia se ajusta a derecho y no es violatoria de la Constitución Nacional. Agrega que se ajustó a los trámites legales existentes.
También señala que el tribunal actuó correctamente cuando al conocer el recurso de apelación contra la resolución emitida por el Juzgado Primero de Circuito de Colón, decidió que la funcionaria retornara a su cargo.
La alcaldesa de Colón, Matilde Rosales de Ardines, y varios representantes de Corregimiento del distrito de Colón, fueron suspendidos del cargo a raíz de una investigación adelantada por el Ministerio Público por la supuesta emisión fraudulenta de B/.300,000 en bonos.
No obstante, posteriormente, la defensa de Rosales de Ardines presentó una impugnación contra la decisión ejecutada tanto por la Fiscalía Superior Especial como por el Juzgado Primero de Colón, bajo el argumento que estas instancias no eran competentes para dictar la orden de separación.
Posteriormente, el alcalde encargado, Jorge J. Bordanea, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión emitida por el Segundo Tribunal de Justicia, en donde se dejó sin efecto la separación del cargo de Ardines y otros representantes de Corregimiento.
Bordanea en su recurso estimó que la acción ejecutada por el tribunal violaba la Carta Magna, por lo que debía mantener la separación del cargo de Rosales de Ardines.
Dentro de la investigación realizada por la Fiscalía Superior Especial se ha logrado determinar que la emisión de los bonos fue alertada por autoridades de los Estados Unidos, cuando éstos intentaron colocarlos en el mercado bursátil de ese país sin respaldo aparente.
