Tres de los siete miembros destituidos de la Junta de Conciliación y Decisión fueron reintegrados a sus puestos, luego de haber presentados algunos recursos de reconsideración, reveló ayer el ministro de Trabajo, Jaime Moreno.
Indicó que ya uno fue integrado, otro lo hará hoy y en los próximos días una de las afectadas luego de dirimir los recursos interpuestos. Detalló que estos funcionarios fueron destituidos por algunas quejas que presentaban los propios usuarios, y recomendó consultar al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) por la medida "porque habían presentado algunas quejas".
Por su parte, Guillermo Leblanc III., uno de los destituidos por el actual gobierno, señaló que él no presentará ningún recurso de reconsideración y acusó a la actual viceministra de Trabajo, Isaura Rosas, de mantener una perse- cución a nivel general con especial "saña" en las Juntas de Conciliación y Decisión.
Argumentó que Rosas desarrollaba acciones de "poca altura" como abrir las puertas de los despachos en medio de las audiencias sólo para verificar que el presidente de la Junta se encontraba en su puesto.
Planteó que también han sido obligados a marcar tarjetas de asistencia desconociendo la Ley No.7 de 25 de julio de 1975 que regula estos organismos. Destacó que esta ley en su artículo 16, atribuye a los miembros de la Junta de Conciliación todos los privilegios y prerrogativas conferidos a los jueces seccionales, pero con un salario inferior.
En tanto, el coordinador de la Federación Istmeña de Trabajadores (FIT) y miembro del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), Martín González, afirmó que este organismo rechaza estas acciones y cuestionó que funcionarios que administren justicia sean de "libre remoción".
Puntualizó que estos funcionarios sólo pueden ser despedidos por razones establecidas en la Ley y no son de libre remoción. "Esto nos debe llevar a reflexionar para crear un organismo fuera del contexto del Ministerio de Trabajo para que ningún ministro puedan nombrar y remover a su libre albedrío por condiciones de orden político a los coordinadores de Junta", sentenció.
Advirtió que estas medidas pugnan con la Constitución Nacional que dispone que la justicia es expedita e ininterrumpida. Planteó que de los nombres que maneja solamente una funcionaria ha sido reintegrada a su puesto de trabajo.
Mientras el primer vicepresidente de la República, Arturo Vallarino, justificó la destitución de Marcela Endara, hija del expresidente Guillermo Endara, por ser un nombramiento de libre remoción, en horas de la tarde de ayer también se informó que se le solicitó a Iván Lau la renuncia al cargo que ocupaba en la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI).
El vicepresidente Vallarino consideró que no se ha cometido ninguna ilegalidad y restó importancia que la decisión se adoptara precisamente después que el partido Solidaridad postulara oficialmente como candidato a la Presidencia al padre de la destituida. Los puestos en el gobierno son totalmente temporales y "ella llegó allí por política y posiblemente se haya ido por política" por que la vida da muchas vueltas.
Vallarino rechazó comentarios acerca de que la alianza oficialista está resquebrajándose y por el contrario, dijo que ahora está más unida. Por otro lado, El Panamá América conoció de fuentes confiables, que la administración de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) le solicitó la renuncia a Iván Lau, hijo del subcontralor general de la República y miembro del partido Solidaridad, Enrique Lau.
Tanto la destitución de Marcela Endara y la solicitud de renuncia de Lau, se producen luego que la Convención Nacional de Solidaridad postulara como candidato a la Presidencia de la República al expresidente Endara Galimany.
Desde que se inició la actual administración se han destituido unos 45 funcionarios por manejo indebido de documentos en el Registro Público, mientras que más del 88% de la información ha sido incorporada a un sistema de digitalización, informó ayer, la directora de esta entidad, Doris Vargas de Cigarruista. Señaló que sólo queda un 12% de la información por insertar ya que se trata del programa de modernización que desarrolla el Estado, a un monto superior a los B/.500 mil.
La funcionaria indicó que como el año pasado la institución logró recaudar unos B/.19,637,875.31, de los cuales, unos B/.12,720,400.00 ingresaron al fisco. Vargas de Cigarruista sostuvo que para ingresar este 12% se requiere una partida adicional de B/.400 mil y realizar un acto público para culminar este proyecto.
Precisó que como parte de las medidas aplicadas para garantizar la seguridad jurídica de los actos registrales se desarrollan visitas a las diferentes provincias, fiscalizaciones y se cuenta con una administradora operativa, que permite determinar cuántos documentos entran y en qué tiempo salen. La funcionaria añadió que a nivel nacional tienen cuatro oficinas descentralizadas con una base de datos única donde puede solicitar la información que necesite.
Puntualizó que el objetivo de la institución es culminar el proceso de digitilización y desarrollar el programa de capacitación de los trabajadores para mejorar el servicio de atención.
