El Tratado de Intercambio de Información Tributaria con Estados Unidos (EU) no tiene ninguna utilidad para Panamá, porque el sistema tributario nacional se basa en el principio de territorialidad, además afectaría el principio de seguridad jurídica y la existencia del sistema financiero y de servicios.
En un análisis realizado por el Colegio Nacional de Abogados (CNA) a la propuesta planteada por EU al Gobierno panameño, el gremio reitera su rechazo a la firma del Acuerdo y advierte que bajo ninguna circunstancia esta medida le conviene al país.
Puntualiza que la celebración de Tratados de Intercambio de Información relacionados con delito de carácter tributario y de otros actos que no constituyan delitos en Panamá, afecta el principio de seguridad jurídica y ponen en peligro la estabilidad y existencia del sistema financiero y de servicios.
"El Colegio reafirma su rechazo categórico a las conversaciones preliminares o exploratorias, suscripción de convenios, tratados, arreglos o acuerdos encaminados a suministrar información de carácter fiscal o tributario a Estados Unidos de América y a cualquier otro país", plantea el documento enviado al canciller de la República, José Miguel Alemán.
El organismo le recomienda a Panamá denunciar públicamente ante los foros y organismos internacionales competentes, las medidas adoptadas por los países miembros de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) y aprobar con celeridad el proyecto de Ley presentado a la Asamblea Legislativa, por medio del cual se faculta al Estado a tomar medidas de retorsión.
"Se debe presentar una demanda o solicitud de un panel ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), en la que se haga conocer que las medidas actualmente adoptadas imponen barreras arancelarias al comercio y la prestación de bienes y servicios de origen panameño", sustenta el CNA.
Advierte que debe considerarse la imposición de medidas de retorsión en materia de aranceles de importación a aquellos productos provenientes de países, que han establecido aranceles adicionales a los bienes y servicios de origen panameño.
El Colegio de Abogados considera que tales medidas violan las normas elementales de Derecho Internacional Público que establecen y reconocen el respeto al principio de libre determinación de los pueblos y de la soberanía de los países.
Por su parte, la representante del corregimiento de Río Hato, Alda de Fernández, prefirió no hacer comentarios, aunque aceptó que se trata de algo delicado y bochornoso.
Mientras que el director del Primer Ciclo de Río Hato, José González, expresó su preocupación por el caso, ya que según informó, la menor hizo su primer año en este plantel el pasado año con buenas calificaciones.
