Relator de la OEA denuncia a Panamá

Washington.- En su informe anual a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el relator especial para la libertad de expresión, Santiago Cantón, denuncia a Panamá por "la utilización de las leyes de desacato y otras disposiciones legales similares para silenciar a la prensa.".
"Se reitera la necesidad de que se implementen mayores iniciativas en favor de la libertad de expresión y que las legislaciones internas de los Estados miembros de la OEA sean adecuadas a las normas internacionales de libertad de expresión", señala Cantón, el relator especial, un cargo autónomo dentro de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.
Al igual que el año pasado, el relator reitera que "espera que las expresiones de buena voluntad de la Presidenta de Panamá de continuar con el proceso de reforma de las llamadas "leyes mordaza", se lleve a la práctica lo antes posible".
Por otro lado, el procurador panameño, José Antonio Sossa, considera "incorrecta" e "imprecisa" la información contenida en el informe anual, según el embajador Manuel Castulovich, representante permanente de Panamá ante la OEA.
El informe de Cantón se refiere a la preocupación de la Relatoría por el estado de la libertad de expresión en Chile, Colombia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua y Honduras, además de Panamá. Sin embargo, en relación a Chile, con posterioridad a la finalización del informe, se aprobó una ley que deroga el desacato del artículo 6b de la Ley de Seguridad Interior del Estado.
En la sección correspondiente a la evaluación del estado del derecho de la libertad de expresión en las Américas, Cantón señala que los métodos más utilizados para coartar la libertad de expresión son los asesinatos, las amenazas tanto físicas como psíquicas, las intimidaciones y la utilización de la legislación interna de los países para entablar acciones judiciales contra periodistas y medios de comunicación.
El embajador Castulovich exigió que la opinión del procurador quede añadida al informe de la CIDH que será sometido a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realizará en Costa Rica del 3 al 5 de junio.
"No es cierto lo afirmado en la página 88, párrafo 126 que dice que se ha incrementado la utilización de las leyes de desacato," responde Sossa. "El informe no es correcto y tiene serias imprecisiones. Por ejemplo, confunde desacato y delitos contra el honor. Las estadísticas que presenta no se ajustan a la verdad", sostuvo Sossa.
La réplica de Sossa fue presentada por la delegación de Panamá durante una reunión del Comité Jurídico y Político de la OEA, en un documento en el que el procurador afirma que "no son 70 los casos de desacato. Cuando Cantón afirma eso en el párrafo está diciendo algo que no es cierto".
"Los casos de desacato no son más de cuatro en 10 años," sostiene. "Los otros son casos que se refieren a procesos judiciales por delitos de calumnia o injuria", destacó.
Según el informe de la OEA, durante el año 2000 han sido asesinados siete periodistas en distintos países de la región.
El Relator Especial reitera que "el asesinato de un periodista representa la forma más brutal de coartar la libertad de expresión (...) La gravedad de estos asesinatos aumenta de manera alarmante cuando las investigaciones desarrolladas para castigar a los responsables de estos crímenes no demuestran resultados positivos."
En el caso de Colombia, el informe constata que la violencia contra los periodistas colombianos no ha cesado. "Es responsabilidad del Estado colombiano prevenir e investigar estos hechos, sancionar a los autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada", sostiene.
Asimismo, el relator especial reconoce los esfuerzos que está realizando el Estado colombiano, pero expresa la necesidad de que dichos esfuerzos sean fortalecidos ya que los ataques a periodistas no han cesado y los autores de los mismos permanecen impunes.
Con respecto a Venezuela, el relator especial manifiesta su preocupación por algunas expresiones emitidas por altas autoridades del Estado hacia la prensa. Según dice el informe, "el debate público sin restricciones de ideas y opiniones es fundamental para el fortalecimiento democrático. El debate se enriquece aún más cuando los funcionarios participan en forma activa del mismo, colaborando con sus expresiones a que la sociedad conozca las ideas y opiniones de sus mandatarios.
Sin embargo, la Relatoría considera que en algunas circunstancias, las expresiones de los funcionarios pueden contribuir a crear un ambiente contraproducente para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Las expresiones hostiles y agraviantes en contra de comunicadores sociales en forma reiterada y prolongada en el tiempo pueden tener un efecto amedrentador sobre periodistas y medios de comunicación y pueden conducir a la autocensura." Según el relator especial, "algunas expresiones de altas autoridades podrían estar creando un ambiente de hostilidad que constituirían mecanismos de presión directa e indirecta sobre los medios de comunicación."