Toda la costa de Punta Paitilla ha sido ocupada por rellenos que iniciaron como ilegales desde la década de los 80 y principios de los 90.
Solo 29 de los 43 rellenos no autorizados fueron regularizados años después, a través de concesiones en las que solo se paga un canon “simbólico”, comparado con el costo de la tierra en ese sector, entre 30 centésimos y un dólar 83 centésimos el metro cuadrado.

Pero un grupo de siete beneficiados con estas concesiones ha seguido tomándole terreno al mar sin autorización y sin reportarlo a la Dirección Nacional de Catastro y Bienes Patrimoniales.
Un informe de esa institución reveló que en este grupo están: Bienes y Raíces Danna, Inmobiliaria Michelle, Divadaz S.A., Corporación Roca del Mar, Inversiones Alegre, Samues Nosada S.A., y Pointblank Comercial.

A pesar de contar con la información, la Dirección Nacional de Catastro y Bienes Patrimoniales no avanzó en gestiones para regularizar la situación.
Otras 14 propiedades han rellenado tierras frente al mar sin ningún tipo de contrato.
La ambientalista Raisa Banfield calificó el tema de los rellenos en Punta Paitilla como un “crimen urbano”.
Dijo que se trata de un problema de apropiación del lecho de mar que data de muchos años y que ha transcurrido con la “complicidad de las autoridades y la mirada ajena de los residentes del sector”.
Señaló que estos rellenos, sumados a los de la Calzada de Amador y otros, le han cambiado la fisonomía a toda la Bahía de Panamá sin medir las consecuencias. “Quizás los daños no se vean ahora, pero con el calentamiento global y el cambio de las corrientes, estas zonas rellenadas podrían verse afectadas en un plazo de 10 a 15 años”, concluyó.
Los 43 rellenos identificados en Paitilla por las autoridades ahora sirven como áreas sociales.
El exdirector de Catastro, Benjamín Colamarco, expresó que el Gobierno debe entrar a medir los rellenos que no tienen concesión y ordenar que se devuelva a su estado original el área alterada.
Manifestó que en el caso de las concesiones vencidas, que de acuerdo con Catastro son 12, el Gobierno debe actualizar los contratos.
Fuentes oficiales señalaron que los concesionarios con contratos vencidos evitan el trámite por temor a recibir un ajuste en sus tarifas. Hay concesiones vencidas hace más de 10 años.
Sin embargo, Colamarco indicó que la ley permite otorgar concesiones y lo que “no se puede hacer es adjudicar estas propiedades”.