Cómo se desarrollaron los hechos en esta investigación
- Esta investigación se inició, luego de que uno de los afectados en la provincia de Chiriquí presentó la denuncia ante las autoridades competentes.
- Los terrenos de la Nación, que supuestamente fueron inscritos irregularmente, se encuentran en las provincias de Los Santos, Veraguas y Chiriquí.
- La semana pasada se emitieron medidas cautelares a unas 6 personas de un total de 17, a las que el MP les giró órdenes de detención, a través de la DIJ.
Datos del ilícito en los traspasos
88- fincas, propiedad del Estado, fueron traspasadas a terceros en costos simbólicos
- hectáreas se han contabilizado en solamente 26 del total de las fincas.
- hectáreas fueron inscritas en la isla de San Miguel. Se vincula a primos de Freidi Torres.
La Fiscalía Decimosexta, por intermedio de la Procuraduría General, solicitó a la Fiscalía Tercera de Circuito de Chiriquí, que acumule uno de los expedientes contenidos dentro de la investigación de la red de personas, supuestamente vinculadas al traspaso fraudulento de unas 88 fincas del Estado por medio de 34 sociedades anónimas, para así evitar el doble juzgamiento.
Lo anterior se da, ya que en esta instancia [Fiscalía Tercera de Circuito] existe un llamamiento a juicio en firme por el mismo presunto ilícito, según se pudo conocer.
Dentro de las 88 fincas, al menos en 26 de estas se traspasaron alrededor de 1,558 hectáreas a costos que oscilan entre dos y seis dólares la hectárea, de acuerdo a los números de finca y código de ubicación que aparecen en la página web del Registro Público.
En el resto de las fincas ni siquiera aparecen los respectivos códigos de ubicación, con lo que no se puede acceder ni al valor por el que fueron vendidas ni a quiénes fueron traspasadas.
En la investigación se encuentran vinculados unos 9 exfuncionarios de la Reforma Agraria, durante la administración del expresidente Martín Torrijos (2004-2009). Dos de estos son familiares del diputado del Partido Revolucionario Democrático y, además, gozan de inmunidad porque están protegidos por el fuero electoral.
El primero de estos casos con fuero electoral es el del exgobernador de Veraguas, durante la administración Torrijos, Ricardo Torres Díaz, hermano del diputado Torres, también electo como nuevo delegado y presidente del Comité Directivo Nacional del PRD en esta provincia, por el equipo de campaña de Juan Carlos Navarro.
En la investigación Ricardo Torres es vinculado con la supuesta inscripción irregular de la finca 75379 de 262 hectáreas, ubicada en el corregimiento de Renacimiento en Chiriquí.
El segundo caso con fuero electoral es el de David Torres Solís, primo cercano del diputado Torres, y electo delegado del PRD en Herrera por el equipo de campaña de Navarro.
En la investigación del Ministerio Público, Torres Solís está relacionado con la supuesta inscripción ilegal de la finca 300989 de 126 hectáreas en la isla de San Miguel.
Solo se pagó por esta propiedad del Estado 5.5 dólares la hectárea y está registrada a nombre de la fundación Rey David, cuyo representante es David Torres.
Sobre el levantamiento de los fueros electorales, el TE dijo que aún no reposa en esa instancia ningún oficio del Ministerio Público que solicite al Tribunal el levantamiento de la inmunidad.
El proceso en estos casos establece que primero la fiscalía encargada debe recabar todos los elementos probatorios, para luego solicitar al TE, si alguno de los investigados goza de algún fuero electoral, se le levante para que pueda ser procesado.
Defensa.
El diputado Freidi Torres la semana pasada confirmó la parentela con los dos presuntos implicados; sin embargo, dijo que están siendo investigados como afectados y no como posibles miembros de esta red. Sobre su injerencia en el nombramiento de Nadia Moreno, quien fungía como directora de la Reforma Agraria cuando se hicieron los traspasos, este dijo que él en aquel momento era diputado, por ende no tenía la influencia para lograr que esta fuera puesta en el cargo. Sin embargo, este medio pudo conocer que en el pasado Moreno fue su asistente dentro de la Asamblea Nacional. Moreno fue llamada a declarar en este caso.
El diputado denunció que detrás de esta investigación hay un caso de persecución política del Gobierno actual. “Mis hermanos están siendo investigados por ser hermanos de Freidi Torres”, añadió. “Están investigando a todos los hermanos míos, que son 24”, manifestó.
Por la presunta comisión de estos delitos, de ser comprobados, se estaría incurriendo en múltiples ilícitos, ejemplo: estafa contra el patrimonio económico, delitos contra la administración pública, contra la seguridad colectiva en su modalidad de asociación ilícita para delinquir, esto por tratarse de una red, y, además, del delito contra el ordenamiento territorial. Los tipos penales anteriores están tipificados en los artículos 217 y 418 del Código Penal panameño.
Las penas por el delito contra el patrimonio económico varían y pueden ser de cuatro, cinco a diez años, cuando es agravado.
Mientras en los delitos contra la administración pública las penas van de tres a cinco años, cuando estos son agravados las sanciones alcanzan los seis años de prisión.
La supuesta participación de políticos familiares del diputado Torres y allegados a la campaña de Juan Carlos Navarro, quedó al descubierto con una serie de publicaciones del diario Panamá América la semana pasada.
