El rechazo por parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia del proyecto de fallo elaborado por el magistrado Arturo Hoyos, que ordenaba separar las sumarias del caso CEMIS, pareciera indicar que se mantendrá la acumulación del expediente y se considera que lo investigado por el procurador de la Nación es suficiente, advirtió el ex magistrado Edgardo Molino Mola.
El expediente contiene las investigaciones por el presunto pago de soborno a los legisladores para que aprobaran la creación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), que funcionará en Colón.
Paralelamente se investigó si hubo cobros por la ratificación de Alberto Cigarruista y Winston Spadafora como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En el caso de que hubiesen dividido las sumarias del expediente era para que continuasen las investigaciones, lo que al parecer no se ha dado, agregó Molino Mola.
Lo que es extraño, dijo el jurista, es que el magistrado que quedó como ponente se mantenga en secreto o en anonimato, ya que el procedimiento señala que le corresponde al primero que lo observó, quedar con el anteproyecto.
Considera que la justicia en Panamá no puede ser un secreto y es extraño ver cómo se filtran las cosas, pues los fallos no pueden ser conocidos fuera de los procesos normales.
Por su parte, el dirigente obrero Mariano Mena afirma que el escándalo CEMIS y el presunto pago de sobornos para la elección de dos candidatos a magistrados de la Corte, sigue siendo uno de los más sonados y connotados en materia de corrupción que se ha dado en el país.
"Lamentable y desafortunadamente nuestras máximas autoridades de justicia se han tomado los tiempos tan a pecho que no han sido capaces de sacar a la luz pública una definición de este caso", dijo.
Lo importante de todo esto es que la propuesta del magistrado Hoyos apuntaba a darse nuevos plazos y seguir dándole larga al asunto para que se diluya la percepción de la opinión pública sobre el altísimo nivel de corrupción que se da en el manejo de este tema, indicó.
Dijo que lo importante es que la máxima corporación de justicia tome una decisión definitiva sobre el tema, pues es muy grave que ante un nuevo torneo electoral, quienes han sido artífices de los actos de corrupción vayan a ser nuevamente candidatos.
Considera que no hay forma que la opinión pública tome una postura definitiva frente a actos tan bochornosos para la nación, como ha sido lo denunciado en este caso, pues si no se resuelve, la población panameña va a terminar votando por los mismos ciudadanos que aparecen involucrados en este hecho.
