Los reos lograron que las autoridades se comprometieran a mejorar la alimentación y contratar profesionales idóneos para realizar evaluaciones psicológicas que deben procurar las Juntas Técnicas.
También lograron que las libertades condicionales fueran bimestrales y que se gestionara la Personería Jurídica de la Fundación Apoyo al Detenido.
La ministra de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher, aclaró que "no se trata de acuerdos" porque las exigencias de los internos la vienen analizando desde hace un tiempo atrás.
"Ellos (dirigentes) desconocían lo que veníamos haciendo en materia de salud, alimentación y beneficios que les otorga la ley a los privados de libertad", agregó la funcionaria.
Por su parte, el presidente de la Fundación, Javier Justiniani, advirtió a las autoridades que de no cumplirse las peticiones de los reos en periodos de 30, 60, 90 y 120 días como acordaron, retomarán las acciones de presión.
En tanto, el director del Sistema Penitenciario, Carlos Landero, anunció que convocará a los miembros del Consejo de Política Penitenciaria, que según la Ley 55 que reorganiza el Sistema Penitenciario, tiene entre sus atribuciones analizar los problemas vinculados a las cárceles y presentar sus posibles soluciones.
A pesar de estos acuerdos, el tema de la libertad condicional sigue siendo motivo de preocupación de los reos, puesto que las autoridades subrayaron que existen delitos que no merecen este beneficio.
De hecho, la libertad condicional se está otorgando solamente a las personas que tienen una detención o una privación de libertad en su historia personal. No son beneficiadas las personas que tienen más de un delito.
Según informes de la Fundación Apoyo al Detenido, al menos unos cinco mil reos apoyaron la protesta, en demanda por acabar con el hacinamiento en las cárceles y el retraso en los procesos judiciales.
