Repatriarán a familia panameña

UNA familia será repatriada por la Dirección Nacional de Migración y Naturalización desde México a Panamá, por la precaria condición en la que se encontraban en ese país.
El director de Migración, Ricardo Julio Vargas, explicó que el regreso de la panameña Kathia Almengor González junto a sus tres hijos menores de edad, se dio tras una solicitud de ayuda humanitaria al gobierno panameño, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Vargas consideró como justo y humano el apoyo a la señora Almengor y a sus tres hijos que serán repatriadas desde el Distrito Federal de México hacia Panamá.
El gasto en concepto de pasajes aéreos de la señora y sus tres hijos será financiado por el Fondo de Repatriación, el cual se genera de las aportaciones hechas por extranjeros en los diferentes trámites ante Migración.
La Dirección Nacional de Migración de Panamá no reveló la fecha en que se dará el proceso.
En el caso del rector Gustavo García De Paredes, la sala emitió una resolución con la que suspendió provisionalmente su candidatura.
Pero luego se emitió una providencia en la que aceptó un recurso de reconsideración por parte de García de Paredes, lo que "suspendió la suspensión", y le permitió participar en la contienda.
No obstante, este proceso aún no se ha debatido en el fondo y los magistrados deberán emitir un fallo.
Aunque el mandatario Martín Torrijos no ha decido formalmente la adhesión de Panamá a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), Panamá América pudo conocer que ya en la Corte Suprema de Justicia se trabaja en la designación de los dos nuevos integrantes.
Aún no se revelan los nombres de los afortunados, quienes pertenecerían a la Corte por 10 años, con opción de ser reelegidos.
Además, tendrían un suplente y jurarían ante el Consejo Judicial Centroamericano.
Entre sus prerrogativas están: gozar en todos los estados partes de las inmunidades reconocidas por los usos internacionales y la Convención de Viena en cuanto a la inviolabilidad de sus archivos y correspondencia oficial, así como en las jurisdicciones civiles y penales.
Tendrán todos los privilegios e inmunidades que le corresponden como miembros de un órgano del SICA.
Estarán exentos de toda responsabilidad por los actos ejecutados y opiniones emitidas en el cumplimiento de sus funciones oficiales, y las mantendrán después de cumplir sus labores. Cada magistrado titular tendrá un salario, gastos de representación, viáticos, gastos de viaje y de establecimiento y permanencia. El magistrado que haya cumplido su periodo gozará de una pensión de retiro, cuyo monto se desconoce por el momento.
El reglamento autoriza la remoción en caso de: notoria mala conducta, actuación indebida, ejercer la profesión de abogado u otro cargo o violación de su juramento.