Representantes de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), de la Asamblea Legislativa, Ministerio de Vivienda (MIVI), Caja de Ahorros, Universidad de Panamá y de la Alcaldía de San Miguelito, entre otros, visitarán hoy a las 9:00 a.m. los terrenos del Cerro y Valle de San Francisco, comúnmente conocidos como Mocambo Arriba y Abajo, en donde se mantiene un conflicto debido a que decenas de familias se mantienen como invasoras.
Estas autoridades han reiterado en diversas ocasiones la ilegalidad en la que incurren los invasores de estos terrenos, que pertenecieron a la extinta Zona del Canal y aclararon que tampoco se denomina Mocambo Arriba o Abajo. "Insistir en asegurar esto es un error geográfico e histórico, afirmó Augusto Zambrano, subadministrador de la ARI.
Las comunidades llamadas Mocambo Arriba y Abajo están ubicadas en el corregimiento de Las Cumbres a 8 kilómetros del Cerro y Valle de San Francisco, fuera del área revertida, por lo que decir que eso es Mocambo (arriba o abajo) es un error, recalcó el funcionario.
Recientemente, los representantes de las referidas entidades dieron a conocer el fundamento legal de las próximas reubicaciones de los invasores de las 400 hectáreas pertenecientes al Cerro y Valle de San Francisco.
Una nota de prensa de la ARI informa que los terrenos del Cerro y Valle de San Francisco son invadidos por personas dedicadas a negociar con tierras que pertenecen al Estado y a la empresa privada; al tiempo que se denuncia que esta acción impide el desarrollo de proyectos de viviendas de interés social como lo son el Cementerio de San Miguelito y Centro Regional Universitario de San Miguelito, entre otros.
Cabe destacar, que existe una denuncia interpuesta por las instituciones afectadas en contra de los promotores de las invasiones, pero hasta el momento el caso no ha sido resuelto por el Juzgado Penal.
Los invasores del Valle de San Francisco no cuentan con los servicios básicos de agua potable, electricidad, teléfono, vías de acceso o transporte público, destaca la nota.
En tanto, se informa que a cambio de este ambiente en que viven se le destinará un área que comprenderá unos 450 metros cuadrados lotificados por el MIVI y facilitados por la ARI.
Las familias que practican la agricultura recibirán más de 450 metros cuadrados para que continúen con su modo de subsistencia, reafirma la nota de la ARI.
En esta labor de mejorar la situación de estas familias ha contribuido el Ministerio de Salud con la instalación de letrinas y con el suministro de agua potable a través de cisternas.
Se indica que la mayoría de las familias han aceptado trasladarse por la oportunidad de contar con una casa propia con accesos y servicios básicos. No obstante, se advierte que existe un autoproclamado movimiento de invasión que trata de hacer negocio con terrenos privados y público, utilizando toda clase de recursos.
"Los cabecillas están identificados como Leonel Longa y Noriel Aguilar, quien amenazan a las familias para que éstas se opongan al traslado", agrega la nota.
Por otro lado, las autoridades reunidas lamentaron la acción drástica de Crispín Ortega de quitarse la vida, quien formaba parte de las invasiones del Valle San Francisco.
La secretaria general del MIVI, Alicia Jiménez, informó en esta reunión que sostuvieron las entidades que tratan de resolver el problema en Mocambo, que el señor Ortega residía en el Sector 5 de Samaria, corregimiento de Belisario Porras y que su esposa también fue una de las que participó en una invasión en Arraiján.
Igualmente, se dio a conocer que Ortega y su esposa Carmen ejercieron su derecho al voto en las pasadas elecciones del 2 de mayo de 1999 en su residencial legal, ubicada en la Comarca Embera (Cemaco) en el corregimiento Manuel Ortega en la provincia de Darién, lo que deja constancia de que ellos no han tenido, ni tienen 12 años de residir en el lugar (valle de San Francisco), como equivocadamente se difundió en un medio televisivo local.
Precisa el documento que la ARI debe implementar la Ley 21 que establece los usos de suelos de las áreas revertidas y como facilitadora de terrenos para la ejecución de proyectos que beneficien al mayor número de panameños.
Además, señala que esta institución cumplirá con las fases de reubicación y movimiento de las familias invasoras con la participación de la corregiduría de Ancón y la Policía Nacional, con el debido orden y sin maltratos, ni violencia.