Un grupo de residentes y propietarios de hangares de Diablo acudieron ayer a la Asamblea Nacional para presentar una iniciativa que busca poner fin al conflicto que desde hace casi un año tienen con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Según los propietarios, la orden de desalojar a más de 400 personas es ilegal, pues estos fueron adjudicados en la década de los 70. “La ACP insinúa que somos invasores, pero tenemos contratos que nos respaldan”, expresó Mark Golduntein, residente del área.
Añadió que lo único que la ACP ha reconocido son los bienes, y por ello desean la intervención de la Procuraduría para una evaluación.
La propuesta, respaldada por el diputado Yassir Purcait, asegura que, una vez se revirtió el Canal de Panamá, el Ministerio de Hacienda y Tesoro, en aquel entonces, suscribió acuerdos con los dueños de hangares y luego también la Autoridad de la Región Interocéanica (ARI).
