Los dirigentes y representantes legales de la comunidad rural de Mocambo Abajo rechazaron ayer el acto de expropiación de los terrenos que ocupan, afirmando que no son invasores, precaristas o intrusos, como se les ha querido identificar.
Al mismo tiempo informaron que el proceso legal que han entablado contra el corregidor de Amelia Denis de Icaza, en San Miguelito, José Domingo Guerra, por abuso de autoridad, extralimitación de funciones e infracción de los deberes de los funcionarios públicos, está avanzando.
"Existe la actuación por parte nuestra en el equipo legal, del encausamiento hacia el funcionario (Guerra) que ejecutó la orden de lanzamiento violando el principio de debido proceso y a la vez, para divulgar el acto de expropiación porque se tiende a pensar que los moradores de Mocambo Abajo son invasores y precaristas", dijo uno de los abogados de esta comunidad, Benito Mojica.
Agregó que inclusive el término llamado intruso, que es el que quieren darle ahora, queda de por medio cuando existe una expropiación reconocida por la Ley, que es fundada bajo el principio del interés público social, a la vez, amparada por el Código Judicial y Agrario.
"Por ende, si el principio constitucional le reconoce la expropiación a los moradores de Mocambo Abajo, no puede darse la situación de llamarlos invasores o precaristas, cuando por Ley le corresponde el mismo", aseveró Mojica.
Añadió que el equipo legal que representa, está promoviendo un proceso de deslinde y amojonamiento de la finca Mata Redonda, en los predios de Mocambo Abajo, ante el Tribunal del Juzgado Circuito de Turno, para que agote sus investigaciones sobre los verdaderos propietarios de los mismos.
"Estamos ante un principio formal, el de protección por la expropiación y el de violación al debido proceso por parte de las autoridades de San Miguelito, que ya estamos encauzando a uno de sus funcionarios (Guerra) bajo el amparo de la Constitución Nacional, Código Judicial y Penal", sentenció Mojica.
Explicó que ya la denuncia fue acreditada por el delito de abuso de autoridad, con la detención ilegal del señor Felipe López, por ende se aportaron las pruebas sumariales, requisitos para el encausamiento por el supuesto delito de abuso de autoridad, extralimitación de funciones e infracción de los deberes de los servidores públicos, contra el corregidor Guerra, lo cual la Fiscalía Anticorrupción estará dictando las providencias necesarias para la separación de este funcionario al cual está acreditado el hecho punible.
En tanto, el presidente de la comunidad rural de Mocambo Abajo, Leonel Luengas, manifestó que no están de acuerdo con la falta de respeto y con el no reconocimiento de sus derechos.
"Somos una comunidad organizada y con una asociación con personería jurídica, no somos precaristas, invasores, ni ocupantes ilegales", declaró Luengas.
Recordó que en la acción de intento de desalojo ordenada por Guerra, "se tumbaron siete casas, incendiaron y quemaron enseres, colchones y hubo maltrato a los niños, por lo que tendrá que responder a los cargos que se le están formulando por incendiarismo, abuso de autoridad, extralimitación de funciones y cualquier otro delito que en que ha incurrido".
Mocambo Abajo cuenta con 150 familias que viven ruralmente, desde la época española, cuenta con una escuela y tres maestros, a la vez que buscan atención médica en los centros de salud de Betania o Pueblo Nuevo.
