EN ÁREAS como El Chorrillo, Santa Ana, San Felipe y Calidonia, hay casas condenas donde vive un considerable número de familias. Otras, en cambio, albergan desperdicios e insectos.
¿Qué hace el Ministerio de Vivienda para solucionar el asunto? Según Virginia Miranda, encargada de la Dirección Nacional de Desarrollo Social de esta institución, primero se hace un inventario de las casas condenadas y abandonadas que existen en Panamá y Colón, para su posterior demolición.
Asegura que todos estos inmuebles tienen propietarios, pero se declaran condenadas mediante una resolución, y los dueños tienden a marginarse de la situación.
Otro porcentaje tiene la condición de casas abandonadas.
En estas casas las familias no tienen que pagar alquiler, tampoco los servicios de electricidad y agua, por lo que cuando los funcionarios del MIVI se acercan a orientarlos para que tengan una mejor condición de vida, encuentran cierta resistencia en algunas de estas familias.
No obstante, de acuerdo con Miranda, el programa ha tenido éxito, principalmente por la concienciación de los ciudadanos.
Considera que ya no debe haber barracas, pues fueron una solución transitoria para personas que vivían en casas condenadas que se derrumbaron.
Actualmente el Ministerio de Vivienda ha reubicado alrededor de 213 familias afectadas por derrumbes e incendios, las que primero fueron colocadas en albergues temporales y, finalmente, en los edificios tipo Salomón.
En los últimos dos meses han entregado 60 apartamentos y este mes se estarán entregando 100.
Diana Warren, quien vive en uno de estos apartamentos, en la Calle 19 de la Pedro Obarrio, se siente muy contenta junto a su familia, por mejorar sus condiciones de vida.
Señala que las mensualidades son bajas, y se paga de acuerdo con los ingresos que reciben. Por ejemplo, su cuñado paga B/.110.00 al mes.
Los apartamentos son cómodos, tienen dos recámaras, baño, cocina y otras facilidades.
Este edificio ubicado en la Pedro Obarrio tiene cuatro niveles de 20 apartamentos.
En la ciudad hay un total 252 casas condenadas lo que representa 3,174 familias y 20 albergues con alrededor 548 familias.
Resistencia a mejorar condiciones de vida
Los residentes de las casas condenadas se resisten a cambiar de vida, debido a que los viejos inmuebles no tienen que pagar servicios eléctricos o de agua. El MIVI adelanta proyectos de vivienda.
