La agrupación, que aglutina a 20 organizaciones de la sociedad civil, abogó para que en los primeros 100 días del nuevo Gobierno se elimine este requisito en las investigaciones y se amplíe la lista de funcionarios que hacen declaración jurada de estado patrimonial.
Magaly Castillo, secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana, aseguró que entregaron a Martinelli un proyecto de ley para eliminar ese requisito, que ha sido una de las excusas para archivar denuncias contra varios magistrados y diputados.
El proyecto es uno de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia, pero no prosperó porque los diputados lo archivaron en el 2006.
Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, también avaló la iniciativa y pidió la aprobación de nuevas leyes, una de ellas para proteger a las personas que denuncian la corrupción.
