La propuesta de la mesa de Bienestar Institucional del Plan de Concertación que sustenta la eliminación de la prueba sumaria, con responsabilidad para el denunciante y que la Contraloría General de la República pueda auditar la declaración de bienes de los funcionarios al inicio y al final de su gestión, sigue cosechando respaldos frente a las presiones que pudieran presentarse cuando llegue a la Asamblea Nacional.
La dirigente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, subrayó que este proyecto de ley fue acordado en la Comisión de Estado por la Justicia y debe ser retomado, pero para ello debe haber más presión ciudadana y de los medios de comunicación.
"La única manera de que estas reformas se den es que que exista una comunidad que exija más transparencia", sostuvo.
Angélica Maytín de Transparencia Internacional, dejó claro que el Pacto de Estado por la Justicia fue suscrito por los tres Órganos del Estado, y que en la Concertación también hay participación de la Asamblea.
"Para que estos esfuerzos produzcan un resultado se requiere de voluntad. Ojalá los diputados cumplan los acuerdos del Pacto y apoyen la iniciativa de eliminar la prueba sumaria", apuntó.
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