La aparente tranquilidad que se vive en la Alcaldía de Colón se vio interrumpida ayer, cuando se corrieron rumores de la posible separación de la alcaldesa Matilde Rosales de Ardines y el retorno de su suplente Jorge Bordanea a la administración del distrito.
Una nota de prensa detalla que nuevamente la comunidad colonense fue sorprendida durante el día de ayer con especulaciones, amenazas y anuncios sobre la separación del cargo una vez más de la alcaldesa Rosales de Ardines, basados en supuestas violaciones de orden jurídico. El comunicado señalaba además que "en una reunión realizada en un hotel de la localidad, los gestores de esta acciones establecieron los parámetros para nuevamente violar el debido proceso y crear incertidumbre en la comunidad así como la inestabilidad municipal". La oficina de prensa de la alcaldesa en su nota advierte al Gobierno central de este hecho y a los estamentos de justicia a efecto de que si mediante el proceso jurídico se ha respetado las instancias judiciales, ahora se pretende con acciones de fuerza ilegal y fuera de todo contexto ilógico, irrumpir la normalidad de todo un pueblo.
Ayer en horas de la tarde, personal de confianza y familiares de la primera autoridad del distrito de Colón empezaron a recoger sus pertenencias ante las especulaciones, pero antes de culminar la jornada diaria de trabajo, regresaron a sus puestos.
Unos 90 periodistas enfrentan casos de difamación, según dijeron este año periodistas locales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En más de un tercio de los casos, la acusación fue presentada por figuras públicas que pueden hacer cargos criminales contra periodistas por "falta de respeto".
En el 2000, el ex director de El Siglo, Carlos Singares, fue encarcelado por un artículo sobre la supuesta visita de un funcionario a un burdel que empleaba menores como prostitutas.
En junio, el Congreso aprobó una ley que, si es autorizada por Moscoso, impondría un código de ética a los periodistas.
Eric Jackson, editor del diario en inglés Panama News, dijo que actualmente la libertad de prensa es más importante que nunca debido a la presunta corrupción en la Asamblea nacional.
Los legisladores han sido acusados de recibir sobornos de empresarios para autorizar grandes parques industriales, mientras que se acusa al gobernante partido Arnulfista de haber pagado 1.5 millones de dólares en dádivas a los legisladores opositores.
"La clase política busca acallar a la prensa con la esperanza de no ser llamada a rendir cuentas", dijo Jackson.
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