La fiscal tercera de circuito, Esther Uribe, reveló que dentro de la investigación por la quiebra fraudulenta del Grupo Fotokina, se pudo determinar que algunas propiedades fueron inscritas en el distrito de San Miguelito para eludir a la justicia y que sus directivos dejaron de cobrar deudas a empresas en las que mantenían intereses.
Uribe explicó que dentro de las pesquisas realizadas se logró ubicar una gran cantidad de autos que fueron inscritos en el Municipio de San Miguelito con la intención de que no fueran incluidos como de su propiedad dentro del proceso de quiebra.
La funcionaria de instrucción detalló que en los libros contables del Grupo Fotokina no se reflejan B/.60 millones que se presume fueron movidos a través de otras empresas, propiedad de los directivos del grupo.
Planteó que por las investigaciones hechas se pudo determinar el traspaso de mercancía de las empresas declaradas en quiebra hacia otras propiedad de los directivos, pero que no formaban parte del Grupo Fotokina.
Explicó que tras la realización de una auditoría a las empresas se determinó ordenar la detención y practicar una diligencia indagatoria contra Utamm Choithram Nandwani, Ramn Choithram Nandwani y Murli Kischinchand Chugani, a quienes se les imputa el delito de quiebra fraudulenta.
Sin embargo, destacó que se determinó la salida del país de estos ciudadanos con pasaportes diplomáticos, que debieron ser cancelados de forma inmediata por las autoridades gubernamentales encargadas de estos asuntos.
De acuerdo con una fuente del Ministerio Público se tienen informes que los miembros del grupo Fotokina se encuentran en Estados Unidos, por lo que se solicitó a la Interpol la difusión de una alerta roja para su detención.
También se tiene información que aquí en Panamá aún se encuentran Naresh Choithramani y Sharmila Nandwani contra quienes también se giró una orden de arresto preventiva dentro de las sumarias instruidas por la Fiscalía Tercera de Circuito. Las investigaciones realizadas indican que los Nandwani intentaron salvar la quiebra del Grupo Fotokina presentando como garantía bienes que no existían, por lo que se investiga cómo se intentaba ejecutar este proceso.
La quiebra del Grupo Fotokina arrojó al desempleo a unas 250 personas que laboraban en los diferentes almacenes ubicados en el área metropolitana. Dentro de la acusación por quiebra fraudulenta ejecutada por el curador Guillermo Márquez Amado se hace referencia a la existencia de bienes y dinero ocultos.
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