Una solicitud al Ministerio de Vivienda para que verifique cuáles proyectos habitacionales cumplen con las disposiciones establecidas en la ley en cuanto al tratamiento de aguas residuales, hizo la Región Metropolitana del Ministerio de Salud.
De acuerdo con Carlos Rodríguez, director de esta región, es necesario que el MIVI realice un censo para verificar cuál es el estado de los proyectos habitacionales y si los mismos cumplen con las normas ambientales. Indicó que algunos proyectos habitacionales son construidos sin contar con los requerimientos en materia de manejo de desechos como son los tanques sépticos y tratamiento de aguas.
Señaló que es conveniente que se verifique esto para evitar incidentes como el ocurrido recientemente con la compañía Coca Cola, que derramó un colorante al sistema de alcantarillado que ocasionó la contaminación del río Matasnillo y de la Bahía de Panamá. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) advirtió que habrá sanciones económicas contra la empresa en mención, las cuales las deberá aplicar el Consejo Nacional del Ambiente.
Tanto el río como la bahía fueron afectados con azúcar y un colorante, elementos ajenos a las propiedades naturales del agua. El pasado mes de abril venció el plazo establecido por el Acuerdo Municipal para que las empresas que manejan aguas residuales cuenten con plantas de tratamientos.
Una carta de estos últimos a la presidenta de la República fue el factor que detuvo la aprobación del proyecto en febrero pasado, y en abril de este año la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), coincidió con gran parte de la argumentación de los quejosos.
El documento de CLICAC asevera que "aunque estamos seguros de que el objetivo del Decreto de Gabinete no es favorecer a las empresas ya establecidas, varios de los requisitos que se solicitan a los nuevos entrantes en este mercado, en la práctica ofrecen ventajas a las empresas ya establecidas sobre las que quieren ingresar a este mercado, lo que no coadyuva a una mayor competencia en el mercado de comercialización de hidrocarburos en Panamá".
CLICAC se refiere por ejemplo al 50% del costo de las inversiones que el contratista debe aportar, y que sólo se le exigía a quienes tratan de incorporarse por primera vez a este mercado.
El documento, que ahora al parecer puede cambiar totalmente, exigía también a los nuevos contratistas experiencia en el almacenaje, distribución y manejo de productos derivados del petróleo por lo menos durante los últimos tres años, lo que CLICAC estimó como otra barrera ya que, de acuerdo a ese documento, "la empresa no posee la experiencia solicitada, pero si las personas que la conforman tienen más de diez años de experiencia, no se considerará esta una experiencia válida para el establecimiento de la nueva empresa?"
La carga financiera adicional, un inventario promedio diario que debía representar 10 días del promedio de las ventas de cada producto derivado del petróleo, que no se le exige a ninguna empresa de ningún sector económico del país, y la gran cantidad de informes confidenciales que les exigía a los nuevos inversionistas, fueron objetados en el análisis de CLICAC, que en cada una de sus observaciones incluyó recomendaciones.
En lo que todos parecen coincidir, sin embargo, es en la necesidad de que exista un reglamento que impida la anarquía en el sector, y ponga a salvo la calidad del producto y el servicio.
