Roban más de B/.300 mil en diferentes colegios

Más de B/.329 mil han sido desfalcados en los últimos dos años en diferentes colegios oficiales del país, causando lesión patrimonial al Estado, revelan auditorías realizadas por la Contraloría de la República.
De acuerdo con el contralor, Alvin Weeden, esta institución no se ha hecho de la “vista gorda” ante las irregularidades denunciadas, sino que ha iniciado 38 auditorías, de las cuales 16 están en ejecución.
Weeden advirtió que más de un decena de expedientes han sido remitidos al Ministerio Público, dentro de los cuales hay detenciones, pero le corresponde al Ministerio de Educación aplicar las sanciones administrativas.
Detalló que la Contraloría ha cumplido con su misión de fiscalizar el manejo de estos bienes, sin embargo, no existe un "control previo" que evite estas irregularidades.
Anunció que a raíz de estos incidentes se ordenó auditorías en 16 colegios, entre ellos, el Félix Olivares de Chiriquí, el Instituto Nacional, la Escuela Profesional, el Richard Neuwmann, Instituto América, José Antonio Remón Cantera, Centro Básico de Nuevo Arraiján, Escuela Hernando Bárcenas, Nocturna Oficial de Chitré, Nocturna Oficial de Las Tablas, Nocturna Laboral de Ocú, Rafael Quintero Villarreal, Instituto Profesional Técnico de Chiriquí y Escuela Secundaria de Volcán.
Argumentó que en la última década varios millones de dólares se han hurtado al erario público en diferentes colegios oficiales del país.
Indicó que es conveniente que se aplique lo establecido en la Ley No.50 sobre el manejo del Seguro Educativo y la Contraloría procederá a designar a estudiantes como fiscalizadores y delegados del contralor para que toda compra o desembolso requiera de sus firmas y evaluación.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, José I. Blandón, planteó su preocupación por estas irregularidades y advirtió que es hora que el ME reglamente las modificaciones hechas a la Ley del Seguro Educativo.
Señaló que en la Ley No.50 sobre Seguro Educativo se destinó un porcentaje para que el Ministerio de Educación designe un proceso de fiscalización del manejo de estos fondos.