El ex presidente de la República, Aristides Royo, consideró ayer que el Gobierno debe declarar non grato al cónsul de Estados Unidos, Robert J. Blohm, por revocarle la visa de ingreso a ese país al también ex mandatario Ernesto Pérez Balladares.
Royo criticó a la presidenta Mireya Moscoso, y a otros altos funcionarios, por decir que el retiro de la visa estadounidense al ex gobernante es un "problema personal", además calificó de "absurdas" las declaraciones del embajador de Panamá en Washington, Guillermo Ford, quien dijo que el capítulo de Pérez Balladares está cerrado.
"En lugar de decir que la visa de Pérez Balladares es un tema personal, yo creo que el Gobierno nuestro a través de nuestra Cancillería tenía que exigirle al cónsul (...) una explicación. Y si no da una explicación satisfactoria yo creo que debería declarársele non grato en este país", aseveró Royo, en el programa Enfoque de RPC Televisión.
El ex presidente dijo estar "seguro" que la revocatoria de la visa a Pérez Balladares no fue por instrucción del ex mandatario Bill Clinton, ni de la ex secretaria del Departamento de Estado de ese país, Madeleine Albright, sino por orden del cónsul Blohm.
Royo instó a su copartidario Pérez Balladares a que "siga dejando oír su voz", porque la cancelación de su permiso para ingresar a Estados Unidos es un tema que le importa a muchos panameños. Insistió que no se trata de una protesta antinorteamericana, sino frente a la injusticia que por el momento se está cometiendo contra un panameño, que además ha sido presidente de la República.
Pérez Balladares es inocente de las acusaciones que lo vinculan con el tráfico ilegal de chinos hacia Estados Unidos, que le costaron la cancelación de la visa de ese país, porque las autoridades norteamericanas no han presentado ninguna prueba contra este ex mandatario, sostuvo Royo. Para Aristides Royo, las acusaciones contra Pérez Balladares son "fábulas".
De acuerdo con Royo, el Gobierno de Mireya Moscoso debió salir en defensa de Pérez Balladares, porque el artículo 17 de la Constitución Política de Panamá dice que las autoridades están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a todos los ciudadanos panameños.
