La Sala Tercera de la Corte declaró no viable la demanda contencioso administrativa de indemnización, interpuesta por Alfredo Oranges, contra el Ministerio Público, por el orden de 48 millones de dólares, por supuestos daños y perjuicios.
La misma obedece a un proceso penal abierto en su contra en el año 1998, por supuesto lavado de dinero, tras una investigación que se seguía en Italia.
Dicho expediente se cerró en 1999, cuando el entonces procurador José Antonio Sossa anunció que no había pruebas que incriminaran a Oranges.
