La publicación en el sitio “YouTube” del audio de una conversación telefónica entre el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Francisco Sánchez Cárdenas, y un supuesto dirigente sindical, deja serias dudas sobre la fuga de información considerada “confidencial”.
Supuestamente, en ese intercambio de palabras el dirigente le "solicitaba" a Sánchez instrucciones sobre cómo proceder en el momento en que se registraban los enfrentamientos entre grupos y la Policía Nacional en Bocas del Toro.
Esto hizo que el perredista presentara ante el Ministerio Público una denuncia criminal por presunta intercepción telefónica y escucha ilegal.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Aníbal Salas, informó que para que esta entidad autorice los ‘pinchazos’ telefónicos debe existir una petición del Ministerio Público (MP), haber un delito grave para su autorización y el MP se encarga de ejecutarlo.
“Si se filtran las intervenciones a los medios, jamás será por parte de la Corte”, aseguró.
“Jamás somos los ejecutores del programa; nosotros, la Sala Penal, solo autorizamos, controlamos y revisamos. Después del tiempo que normalmente son 30 días o menos, la realidad que se ha producido de las escuchas telefónicas, con la finalidad de cerrar la procedibilidad de ello o darle una continuación, si así lo pide el MP.
Para Salas, las intervenciones que sean necesarias se hacen, muy confidencial y secretamente.
Pese a que se le preguntó al procurador Giuseppe Bonissi cómo se pudo filtrar esta información confidencial, sostuvo que no tiene comentarios.
Planteó que las escuchas son importantes como cualquier herramienta judicial.
En tanto, el presidente del Colegio de Abogados, Rubén Elías Rodríguez, exige la reglamentación de los ‘pinchazos’ para evitar que se desatiendan las garantías de los ciudadanos.
Agregó que el manejo del tema sigue siendo cuestionado por la presunta política o el abuso del poder y recordó que para ello debe haber delito.
