Aunque no se considera "enemigo" de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el presidente de Asamblea Legislativa, Jacobo Salas, volvió a arremeter ayer contra la administración de la vía acuática, y solicitó mayor transparencia en el manejo de la institución.
Salas dijo que al momento que se aprobó el Título Constitucional del Canal de Panamá se otorgó a la entidad cierta autonomía para mantenerla alejada de la política partidista, sin embargo, no se pensó en crear un Estado dentro de otro, como funciona actualmente.
El presidente de la Asamblea señaló que el hecho de que la ACP sea una entidad autónoma no quiere decir que pueda ser manejada como una institución totalmente aparte e independiente del país.
Advirtió que el hecho de que el resto del país no conozca la forma como se administra la vía interoceánica, podría incluso prestarse para que se registren actos de corrupción.
Hizo un llamado a los legisladores de todas las bancadas, a que hagan un esfuerzo por estar más pendiente y fiscalizar más el manejo de fondos de la ACP, para evitar que en el futuro se vaya a registrar algún acto de corrupción.
Salas mencionó que incluso la ACP debe cumplir con las normas legales con respecto al pago de salarios a sus funcionarios, pues hay un grupo de más de cincuenta trabajadores que no pagan la cuota a la Caja de Seguro Social (CSS) y otros impuestos por el sistema de pago.
Afirmó que estos cincuenta trabajadores dejan de cotizar anualmente más de B/.300 mil a la CSS, pues su salario lo tienen dividido en sueldo, gastos de representación, viáticos y otros renglones sobre los cuales no pagan impuestos.
Con respecto a los trabajos que se adelantan por la ampliación de la cuenca del Canal, el presidente de la Asamblea insistió en que este es un asunto que debe ser bien explicado ante la ciudadanía, sobre todo con las personas que podrían verse afectados.
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