El Centro por la justicia y el derecho internacional(CEJIL) manifiestó su "profunda preocupación", por medio de un comunicado en su página WEB, por la separación temporal de Ana Mailde Gómez como procuradora general de la Nación de Panamá.
La entidad internacional "hace un llamado respetuoso a la Corte Suprema de Justicia y al gobierno panameño a garantizar el debido proceso en las investigaciones adelantadas contra la Procuradora General y a respetar la separación de poderes, rectificando su actuación respecto del nombramiento anómalo del Procurador Suplente".
En el comunicado -ante esta situación- CEJIL alerta a la comunidad internacional acerca de estos hechos que vulneran seriamente la institucionalidad democrática y la administración de justicia panameña y exhorta a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que vigilen de cerca la situación y se pronuncien sobre la las graves consecuencias de estas actuaciones en materia de derechos humanos.
Las reacciones de esta organización se dan luego de que la jefa del Ministerio Público panameño fuese separada de su cargo, debido a la acusación interpuesta por el ex fiscal Arquimedez Sáez de -supuesto- abuso de autoridad. La Procuradoría de la Administración elevó la solicitud contra Gómez a la Corte Suprema de Justicia, donde los magistrados -cinco a cuatro- llegan a esta conclusión.
CEJIL hace referencia a serios cuestionamientos de juristas y diversos sectores de la sociedad civil en contra de la forma en que se ha llevado a cabo el proceso judicial que se sigue a la Procuradora General de la Nación y a la injerencia del Poder Ejecutivo en los órganos de la administración de justicia.
Por tal razón explica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de independencia de los jueces, y […] que para tales efectos, los diferentes sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos, tanto para su nombramiento como para su destitución”. Esta garantía también se extiende a “los órganos no judiciales a los que corresponda la investigación previa al proceso judicial”, como el Procurador General de la Nación.
