El Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y la Universidad de Panamá solicitaron ayer el rechazo del proyecto de Ley No.66 sobre la comercialización, venta y distribución de los medicamentos, por considerar que la presunción de veracidad, el silencio administrativo y la falta de estudios de estabilidad del medicamento contemplados en esta norma son lesivos para la salud de la población.
De igual forma, el presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, Noriel Salerno, sostuvo que solicitará que este proyecto sea rechazado o retirado de la Asamblea, porque elimina el control previo y en nada contribuye a disminuir el costo de los medicamentos.
"Introducir medicamentos sin control previo al país sería la locura más grande del mundo y por ello, vamos a solicitar que sea llevado a la Comisión de Salud", recalcó Salerno.
Explicó que en Panamá se han detectado varios medicamentos que pasan el control previo y luego no el posterior, y argumentó que es imposible que en siete días se otorgue un control previo como quiere establecer esta norma.
"El que revisa bien la ley podrá detectar que incluye un impuesto del 3%, lo que provocará un aumento del precio", afirmó el legislador.
De acuerdo con la propuesta presentada ayer a la Comisión de Salud y que lleva la firma del ministro de Salud, José Terán; el director de la Caja de Seguro Social, Juan Jované, y el rector de la Universidad, Gustavo García de Paredes, todos los decretos que han regulado la comercialización de los medicamentos mantienen como requerimiento indispensable y obligatorio para garantizar la calidad de éstos el "análisis previo y posterior".
Sostiene que el principio de responsabilidad y las funciones que se atribuyen a la CLICAC en el proyecto No. 66 hacen caso omiso a disposiciones ya existentes, lo que es preocupante.
Los tres organismos anteriormente mencionados establecen la necesidad de fortalecer la infraestructura, los recursos humanos y presupuesto con el que cuentan tanto el Instituto Especializado de Análisis (IEA) como Farmacias y Drogas, para permitir que las disposiciones legales existentes (Decreto 130, 93 y 665) funcionen a cabalidad y se atiendan a preceptos normativos.
Otras de las sugerencias son establecer procedimientos que permitan a las partes interesadas el cumplimiento de los requisitos de registro y la revisión de los mismos, y crear un Sistema Nacional de Farmacovigilancia, interinstitucional y multidisciplinario, que permita dar un adecuado seguimiento al uso de los medicamentos.
Por su parte, el director de la CSS, Juan Jované, advirtió que no apoyan la eliminación del control previo porque por primera vez Panamá aceptará la calidad de los medicamentos con la "presunción de veracidad".
"Usted se imagina que por el silencio administrativo tengamos que aceptar la calidad de medicamentos que no llenen las expectativas de la salud del pueblo panameño", acotó Jované.
Sentenció que a la CSS le interesa que se revise la ley de compra y adquisición de medicamentos para eliminar las impugnaciones y contra impugnaciones, porque no puede ser que una ambulancia se logre comprar después de cuatro años.
En tanto, el presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea, Arturo Araúz, indicó que no sería conveniente que el proyecto de comercialización de los medicamentos se "pierda", porque contiene mucha información valiosa.
"Deseamos que ambas comisiones se reúnan para ver cómo se obtiene un proyecto beneficioso para el país", planteó Araúz.
El legislador rechazó la posibilidad de que el proyecto sea rechazo o eliminado, sino que se recojan los aspectos positivos que contiene para regular el mercado de los medicamentos.
