El presidente de la República, Martín Torrijos, sancionó la Ley 23, de 21 de abril de 2009, que declara el territorio insular área de desarrollo especial, regula la adjudicación en las zonas costeras y dicta la legislación para el aprovechamiento de estos, mediante un proceso de regularización y titulación masiva de derechos posesorios.
En su primer artículo, la norma autoriza la regularización y titulación masiva de los derechos posesorios que existan sobre el territorio insular, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 24 de 2006, mientras que el aprovechamiento del territorio insular queda sujeto a las medidas de seguridad nacional que dispone la Constitución Política de la República.
De acuerdo a esta Ley, la Nación reconocerá -a través de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del ministerio de Economía y Finanzas- la posesión con ánimo de dueño sobre los bienes patrimoniales inmuebles de la Nación, el territorio insular, las zonas costeras y las tierras nacionales.
En su artículo 5, la Ley 23 señala que no serán objeto de adjudicación las zonas de manglares, los territorios indígenas comarcales, las áreas protegidas y cualquier otro territorio sujeto a restricciones legales de apropiación privada. Tampoco podrá adjudicarse el territorio insular declarado área estratégica o reservada para programas gubernamentales.
ESta esta Ley reconoce la posesión originaria a las personas que demuestren haber ocupado las tierras para uso habitacional, residencial, ambiental, turístico, comercial o productivo por más de cinco años de manera ininterrumpida, siempre que sea con el ánimo de dueño, goce o disfrute de forma permanente.
