¿Suena exagerado decir que el gobierno dispone de las leyes a la medida de sus apetitos urgentes de poder? Varias señales dan la impresión de que en nuestro país opera una sastrería de leyes confeccionadas a la medida de determinados propósitos, en exceso particulares.
Tal premisa se asocia con normas encaminadas al despojo de funcionarios desafectos al gobierno, por un lado, y por la soterrada maniobra de nombrar por periodos de hasta diez años, a funcionarios leales, cuya remoción sería muy difícil aún cuando otro gobierno alcanzara el poder desde la oposición, por el otro.
Gravita además, la suspicacia de un ejercicio legislativo cuya costura sobrevive críticas dirigidas a la creación de leyes para deportar, o para favorecer a parientes. Para quienes aparentemente legislaron favor de la deportación de Castrillón Henao fue más fácil pasar el camello por el ojo de la aguja.
Por supuesto, nada de lo anterior es aceptado por allegados y funcionarios del gobierno, quienes invocan el apego a la constitución, y las leyes, por un lado, y al derecho de gobernar con sus copartidarios, por el otro.
No habían transcurrido tres meses completos, desde que tomó posesión, cuando el presidente Ernesto Pérez Balladares envió un proyecto de ley a la Asamblea "por medio del cual se destituía a los veinticuatro notarios que ejercían funciones en Panamá", según palabras de uno de ellos, Mario J. De Obaldía.
En 1995 el presidente del Colegio de Notarios de Panamá, Carlos García, dijo que la intención "real" que tenía el Organo Ejecutivo "con la discusión y aprobación del proyecto que busca regular los cargos de notarios en el país era la destitución de los 24 notarios".
El aseguró tener informes de que el gobierno de Pérez Balladares estaba "recibiendo presiones de los miembros del PRD" que deseaban ser notarios. Como fuera, ya a mediados del 95 el Ejecutivo había nombrado a María Enriqueta González Revilla y a Raquel Torrijos de Gómez, como notarios.
Otro sonado caso fue el del ex director de la ARI, José Chen Barría. El gobierno fue acusado por reformar la Ley de esa institución con el propósito expreso de "destituir" al entonces director de la ARI.
Un caso más en las confecciones legislativas a la talla, esta ligado con José Manuel Faúndes, quien, desde 1996 fue sometido al extenuante proceso de una destitución de la Corte Suprema. En 1998 se emitió la Ley No. 61, norma ésta que establece el retiro, por edad, de servidores públicos. No se terminó de hilvanar para ésta costura legislativa, cuando ya se bautizaba como la "ley Faúndes" pensando que su aprobación "se materializó para sacarlo del cargo".
El 9 de octubre de 1997, fue publicada una noticia con el título "aprueban proyecto de ley que liberaría a Castrillón Henao", en referencia a una reforma al Código Judicial que en esa oportunidad fue aprobada en segundo debate en la Asamblea y posibilitaba liberar a más de mil detenidos.
El 28 de mayo de 1998 se promulgó la ley 31 que en el artículo número 25, concedía la "extradición" de un extranjero al Estado requiriente por parte del Ejecutivo, aunque mediara proceso penal o ejecución de sentencia condenatoria en nuestro país.
Por entonces se dijo que tal artículo 25 fue propuesto en la Asamblea, por el perredista Roberto Abrego "para casos excepcionales". Esa ley 31 fue aprobada el 27 de mayo, promulgada en Gaceta Oficial el viernes 29 y Castrillón Henao fue enviado a EU el domingo 31 del mismo mes, en base al artículo 25.
Otra iniciativa de alta costura legislativa le resultó fallida al legislador Abrego. Un rotativo local publicaba el 9 de mayo de 1998, que "la cúpula" del PRD retiró su respaldo a una propuesta del presidente de la Comisión de Gobierno, Roberto Abrego, para facilitar futuras candidaturas presidenciales de parientes del mandatario Ernesto Pérez Balladares".
El tema gravitaba cuando se gestaba en la Asamblea, el proyecto de reelección presidencial.
En las primeras semanas de enero, se nombró Mario Luis Romero, ex secretario privado y primo del presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, como nuevo superintendente de bancos (quien por ley ejerce el cargo por un periodo de 5 años prorrogables una vez).
Ya a mediados de enero de este año el presidente de la Junta Directiva de la Superintendencia Bancaria, Josseph Fidanque debió hablar de la capacidad profesional del nuevo funcionario, para disolver la idea de que el nombramiento se dio debido al parentesco familiar que mantiene con Pérez Balladares.
La evolución de la superintendencia bancaria zurcó un llamativo proceso. En primer lugar, luego de elaborar una ley bajo gran secretismo para modificar la ley bancaria, en febrero de 1998 el Consejo de Gabinete haciendo uso de facultades "extraordinarias" para legislar, aprueba tal decreto.
Segundo, de acuerdo a la nueva ley, las autoridades de la Superintendencia son nombradas por el Ejecutivo por cinco años prorrogables. Los nombramientos no son ratificados por la Asamblea Legislativa, y los elegidos sólo podrán ser despojados del cargo mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Nombramientos que alcanzan hasta los diez años en el poder, han sido ligados a una estrategia del gobierno actual, para dejar en cargos sensitivos a personas allegadas a su esfera de poder, con duras posibilidades de que otro gobierno pudiese desgarrar las costuras.
En 1997, se sancionó la ley de la Autoridad del Canal Panamá (ACP), y por entonces se anunciaba que cuando entrara en vigencia facultaría el nombramiento de 11 directores (diez de ellos por el presidente), que durarían 9 años en sus cargos. Cuando se hicieron efectivas, las designacions levantaron ampollas.
Las críticas se focalizaron en hacer notar que los nombramientos se dieron bajo consideraciones político partidistas, y de vínculos familiares.
Otro caso. Cercano está el reciente nombramiento del ex director del Fondo de Emergencia Social (FES), Gerardo Solís, como fiscal electoral, por un periodo de diez años. Solís se defendió diciendo que el cargo de fiscal electoral está contemplado en la Constitución, donde se le da un término de diez años.
Además, dijo, el presidente tiene la facultad de nombrarme pero sujeto a la ratificación de la Asamblea, y "yo fui ratificado con cero voto en contra", pero no con el respaldo de la aplanadora del gobierno, argumentó el ex funcionario del FES a quien legisladores de gobierno y oposición agradecieron su atención en el manejo de sus partidas circuitales.
"Cuando se sometió a ratificación mi nombramiento, los votos del gobierno eran minoría", alegó el fiscal, agregando: "Yo tuve más votos tal vez, de oposición, que de gobierno, y sumados los dos, obtuve los votos para la ratificación", por ello, mal se puede decir que el nombramiento del fiscal electoral "obedece a una estrategia para tener personas allegadas al gobierno durante diez años".
Otro llamativo caso ha sido la reciente modificación de la ley de la PTJ, norma para muchos zurcida para favorecer a determinadas personas. Esta ley, sancionada por el presidente en enero de este año, establece que la Corte Suprema nombrará al director por siete años y solo podrá ser suspendido o removido por el procurador de la Nación, previo concepto de la Corte Suprema.
El proyecto inicial que buscaba el nombramiento de dos jefes de la PTJ, pretendía que el periodo de nombramiento fuera por "diez años", pero ello fue frustrado en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, cuando el proyecto se manoseaba en el primer debate.
Sin embargo, es de hacer notar, que el actual director de la PTJ, Alejandro Moncada Luna, fue nombrado al frente de la dirección hace tres años, es decir, en noviembre de 1995.
Para el doctor Renato Pereira la constitución y a veces la ley, establecen cargos y fijan periodos, y además dictaminan quien debe hacer el nombramiento, por lo que "objetar el nombramiento y la designación de esos cargos, porque los hace el presidente no tiene ningún sentido".
Ello es así porque definitivamente no es la oposición quien gobierna ni la que debe designar esos cargos, dijo el jurista, reiterando que es al presidente elegido por el voto popular democrática y legalmente, y no a los funcionarios a quienes corresponde hacer esas designaciones.
"No le veo ningún sentido a ese cuestionamiento", expresó, antes de hablar sobre el nombramiento de familiares. El onsideró que "pueden haber personas allegadas al presidente que hayan sido designadas a esos cargos, por el presidente, por el órgano ejecutivo, o por el órgano nominado que sea".
Sin embargo, observó, "todas esas personas son competentes, son capaces, y lo normal es que los presidentes gobiernen con sus copartidarios y en todo caso, es la norma universal, los partidos reciben un mandato y los presidentes o primeros ministros gobiernan con su partido".
Por tanto, "es normal que en el partido del presidente haya allegados personales, unos más allegados que otros".
En relación al caso del presunto uso de legislaciones para el propósito de despojar de cargos a funcionarios que no comulgaban con el gobierno, Pereira comenzó por referirse a los notarios, quienes "son nombrados por un periodo determinado".
Pero "de acuerdo con el Código Administrativo, por no estar en carrera, por ser la carrera notarial una carrera administrativa, ellos pueden ser despedidos en cualquier momento, aún cuando la ley diga que son nombrados por un periodo determinado".
Sobre las acusaciones ligadas con los casos de Chen Barría y José Manuel Faúndes, Pereira consideró que "no tienen mucho peso".
De acuerdo al abogado Rolando Villaláz, cuando se ven los diversos paquetes de leyes y medidas que se han estado aprobando en forma bastante acelerada en los últimos meses y años, se observa una tendencia de la actual administración.
Tal inclinación busca "tratar de dejar algunos funcionarios nombrados por un periodo mucho más allá del presidencial que está por fenecer", dijo, y añadió que, por otro lado, se nota también una tendencia a favorecer a "personas que en los últimos años han estado vinculadas a los círculos de poder".
Para el letrado hay una tendencia que resulta más que evidente en cuanto a la forma en que se están diseñando estas leyes, o este grupo de medidas que se inclinan a consolidar una especie de "seguro" que pretenden adoptar las actuales autoridades frente a un cambio de gobierno.
Ello supone la posibilidad de garantizar que esos sectores tengan ya una especie de "protección legal" frente al advenimiento de un nuevo gobierno y frente a la revisión que pueda hacer ese nuevo gobierno, de las actividades que se han desarrollado en los últimos cinco años.
Para Villalaz los nombramientos de amigos, y familiares del sector gobernante, revelan que no se tiene una tendencia a plantear una integración de la sociedad, sino de garantizar que las personas vinculadas al círculo de poder más cercano al Ejecutivo, queden en puestos más allá de agosto de éste año.
Mencionó los "nombramientos que se han hecho en la Corte Suprema y ahora la creación de unas nuevas Salas en la Corte", pues la idea es que este gobierno tenga la posibilidad de nombrar seis nuevos magistrados, más de los cuatro que ha nombrado ya, para tener un control absoluto del órgano judicial. "Creo que en esa misma línea estaría el caso del procurador general de la Nación, el caso del director de la llamada Autoridad Marítima que reemplazó a un grupo de instituciones, éstos últimos cambios que se hicieron en la ley de la Policía Técnica Judicial, y el fiscal electoral", alegó.
Otro abogado, el ex procurador Rafael Rodríguez, emitió recientemente su opinión acerca de la última ley aprobada como un ajuste a la medida de intereses particulares, cuando llamó a la modificación de la ley de la PTJ, una "camisa o un vestido" que se ha hecho "para algunas personas específicas".
