La disputa por las tierras colectivas en la provincia de Darién, se agrava con una nueva denuncia que presuntamente un grupo de refugiados colombianos se quieren apoderar de esas tierras y que son respaldados por la legisladora Aydeé Milanés de Lay.
Según el dirigente indígena Armando Díaz, la legisladora los amenaza con permitir que estas personas incursionen en las tierras que por años han cultivado.
"La lucha es difícil porque no hay soluciones, la honorable está en contra de nosotros y la presidenta Mireya Moscoso le está dando la mano y no tenemos control", sostuvo. "Estamos siendo desplazados por campesinos y gente de Colombia, algunos refugiados que ha traído la legisladora".
Según el dirigente, las justificaciones que se les han mencionado es que las tierras están vacías, sin embargo dijo que en el año 2000 se hicieron las delimitaciones físicas de los terrenos. Mientras que el viceministro de Gobierno, Alejandro Pérez, aseguró que defenderá los derechos comarcales.
"La presidenta me apoya y no permitiré desplazamiento, he dicho que el que incursiona en territorio comarcal lo voy a sacar a la fuerza", afirmó. El Panamá América intentó conocer la versión de la legisladora Milanés de Lay, vía telefónica, sin embargo los esfuerzos fueron infructuosos.
Por su parte, la directora Nacional de Política Indigenista, Marianela Martinelli, consideró que urge la creación del Instituto Indígena, porque la función del gobierno por medio de la oficina de política indígena, es muy pequeña para atender la demanda y problemas de los indígenas. Dijo que se está planteando ante el Consejo de Gabinete, la creación de este instituto que busca tener autonomía para atender estos casos.
La denuncia se hizo durante la tercera reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Indígena. Este concejo fue establecido por medio de un decreto firmado por la presidenta Mireya Moscoso y el ex ministro de gobierno, Winston Spadafora en 1999.
Mediante este concejo, se ha planteado la ratificación del convenio 169 de la OIT, el proyecto de ley que crea la comarca naso-teribe, que está en la Asamblea Legislativa para su aprobación y dos proyectos sobre ecoturismo, diseñado y aprobado sobre derecho indígena.
