Raúl Delvalle, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias indicó que la deuda que tiene el Estado con ellos incrementó en los últimos meses hasta los 92 millones de dólares.
Explicó que tres semanas antes que llegará el nuevo equipo de gobierno, el Estado dejó de pagar sus recibos.
No obstante, indicó que es "consciente de la situación apretada que enfrenta el país y están dispuestos a ser flexibles con los pagos, siempre que Estado también tome otras medidas de ajustes".
A estos más de 90 millones que le deben a los empresarios de la Cámara de Comercio e Industrias, se le suma lo que se le adeuda a los miembros de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), que supera los 60 millones de dólares, según indicó en su momento, el presidente del gremio, Manuel Vallarino.
En su momento el ex director de presupuesto Omar Castillo había indicado al El Panamá América, que a septiembre de este año estaría ejecutado el 70% del presupuesto del Estado, lo que significaba que a la administración siguiente sólo le quedaría un 30% por ejecutar y que en su mayoría estaría comprometido.
Con esta aparente situación de las finanzas públicas el trabajo que le queda por hacer a la administración actual será más que difícil, toda vez que para lograr un déficit del 2% como establece la ley de responsabilidad fiscal, se tendría que recortar 50% del presupuesto de operación correspondiente para estos tres últimos meses del año.
Adolfo Quintero, presidente del Colegio de Economistas explicó que es difícil contener 50% del presupuesto de operación porque esto podría significar una casi paralización de la operación del Gobierno, sin embargo, aseguró que la administración puede encontrar alguna medida para incrementar la recaudación de ingresos y poder hacerle frente a los compromisos que tiene que hacerle frente especialmente el servicio a la deuda pública que equivale a más de 600 millones de dólares (interna y externa).
Igualmente, con esta medida se pueden cancelar gran parte de las deudas con el sector privado y evitar que muchas empresas sigan absorbiendo el problema financiero del Estado, e igualmente evitar que otros sectores menos favorecidos de la población tengan que sufrir una subida de impuestos, acotó.
"Muchas empresas son pequeñas y no pueden trabajarsin recibir el pago por sus trabajos", añadió.
Roberto Brenes, presidente de la Fundación Libertad, considera que otra medida saludable es el recorte de la planilla estatal, ya que con una disminución de 49 mil personas el Estado se puede ahorrar más de 300 millones de dólares por año, que pueden ser utilizados para los proyectos de inversión.
