Veinte locales comerciales de la provincia de Chiriquí fueron secuestrados por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), por supuestas irregularidades.
Roberto Guerrero, juez ejecutor de la ACODECO, dijo que se procedió con la medida, ante la negativa de los propietarios en pagar las sanciones que les aplicó por vender productos vencidos, alterar fechas de vencimiento o por alterar el precio a los productos.
En ocasiones, los propietarios de los negocios, en su mayoría de origen asiático, no quieren hacer frente a las sanciones que suman unos 6,000 dólares y los funcionarios de la ACODECO son objeto de todo tipo de groserías.
