Una revisión al Decreto Ejecutivo N.°36 de abril de 2014, por el que se establece la certificación para personas con discapacidad se convierte en el nuevo escollo para que la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) empiece el proceso.
Actualmente, unas 419 personas han cumplido con los requisitos y han entregado sus solicitudes, están en espera de ser evaluados y recibir su certificación.
En la pasada administración, el retraso se adjudicó a que la junta directiva del Senadis no había logrado quórum para el nombramiento de los miembros de las Junta Evaluadora de Discapacidad.
Esta situación no ha variado mucho, ya que aunque el pasado 23 de septiembre la junta directiva se reunió, teniendo todavía en agenda la aprobación de los 17 profesionales de la salud que han sido seleccionados para formar la junta, se sugirió hacer una revaluación del marco jurídico que ampara a la Senadis y del Decreto N.°36.
Revisión para la cual se nombró una comisión integrada por directores y asesoría legal de la Secretaría y la cual ya inicio el trabajo, adelantó Iris Mabel Medina, directora Nacional de Certificaciones.
La doctora Medina comentó que como la Ley N.° 23 de julio de 2007 dispone que es potestad del director de la Senadis nombrar o destituir al personal, entonces representantes de la sociedad civil -dentro de la directiva- consideraron que esta era una condición que puede estar contrapuesta.
El tiempo en que demore esta comisión no se estimó, ya que el Decreto tiene 83 páginas, además tienen que hacer un proceso de revisión de otras normas.
Una vez se haga revisión se tiene que ver si hay que hacer cambios, en todo caso, esas reformas deben ser presentadas para aprobación de la junta directiva, acotó Medina.
Senadis ya hizo la compra de impresoras para los carnés de certificación y cuenta con tres consultorios habilitados para cuando se inicie el proceso de evaluación, de forma que por día, tres juntas evaluadoras funcionen al unísono, puesto que se estima que el tiempo para evaluar a cada persona es de 45 minutos.
En la actualidad se adelanta un proceso de divulgación en las policlínicas y hospitales del país, para orientar a los médicos sobre los requisitos y cómo debe llenarse el formulario de las personas que acudan a tener el visto bueno para solicitar la certificación.
Asimismo se trabaja en un proyecto para que al 2015 se puedan conformar juntas evaluadoras para movilizarse a hacer toda la valoración del proceso hacia el interior del país.
Para Ricardo Jaén, presidente de la Asociación de Estudiantes Egresados de Ciegos de la Universidad de Panamá, a la larga el tema es que no se va a poder certificar y al final termina siendo una ley muerta o queda en el limbo, lo cual perjudica a personas con discapacidad, porque con la norma lograrían equiparar los gastos que a diario asumen. Se debió aprovechar el periodo de transición de gobierno para esa revisión, subrayó.
