La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción (CNTCC) ha enviado a las autoridades correspondientes unos 34 casos con indicios de corrupción.
Estos han sido enviados al Ministerio Público, al Ministerio de Economía y Finanzas, así como a otras entidades.
Las denuncias remitidas forman parte de las 129 quejas que ha recibido durante el periodo de 2005 a julio de 2006.
Las estadísticas manejadas por el equipo técnico legal de la Secretaría indican que unas 14 denuncias fueron remitidas directamente a los tribunales, y otras nueve al Ministerio Público.
Por su parte, a la Procuraduría de la Administración se enviaron siete de las denuncias para su respectivo análisis, y otras tres a la Contraloría.
También se informó que de los 129 casos, 55 fueron resueltos con acciones directas de la Secretaría, ya que se determinaron fallas administrativas en diversas gestiones realizadas por instituciones del Estado.
En tanto, otras 24 denuncias fueron archivadas por inexistencia de causalidad, mientras que otras 15 continúan activas en la Secretaría y sólo en uno hubo desistimiento.
Alma Montenegro de Fletcher, secretaria de Transparencia, ha manifestado la necesidad de perseguir la corrupción en todos sus aspectos.
En especial, la funcionaria ha señalado la necesidad de realizar una acción preventiva en la niñez y la juventud, para cambiar la cultura del juega vivo.
A pesar de resaltar que la justicia "está sufriendo cambios paulatinos en la dirección correcta", el titular insistió que como ciudadano no está conforme con el avance de las investigaciones de los casos de alto perfil que denunció el gobierno hace cerca de tres años.
"Hasta allí es mi responsabilidad, de presentar evidencias, le toca a alguien más investigar, denunciar y condenar", precisó.
Al preguntársele si las denuncias contienen pruebas, contestó que "estaban bien documentadas; encontramos evidencias de muchos casos y pasamos la información a la gente que puede investigar".
Según Real, una prueba clara de la transparencia del gobierno es que más de dos mil funcionarios de manejo han presentado su declaración de bienes patrimoniales, aunque reconoció que el Estado no tiene la capacidad de monitorear que “se está siendo justo y correcto con lo que se declaró”.
“En Panamá no nos damos abasto y el Estado no está listo para monitorear a los dos mil y pico de funcionarios que han hecho su declaración", sentenció.
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