Tal como está estructurado, el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional se convertirá en el soporte principal del Presidente de la República, en materia de inteligencia. Sin embargo, surgen dudas ante la concentración de poder que tendrá quien dirija esta instancia.
El nuevo Consejo de Seguridad informará sobre las actividades que atenten contra la soberanía, el estado de derecho, la integridad territorial y el orden constitucional, entre otros.
Igualmente facilitará toda la información pertinente a las instancias correspondientes de las actividades que alteren el orden público y la tranquilidad de la sociedad de conformidad con la Constitución.
Esto significa que estarán observando a quienes impidan el libre tránsito a través de los cierres de calles, a los grupos que causen disturbios, etc.
Igualmente se faculta a este organismo para que proporcione toda la información sobre actos que atenten contra la neutralidad del Canal y su funcionamiento, contra actividades de espionaje, rebelión, terrorismo y su financiamiento.
Hay que buscar balance.
Para el ex director de la Policía Nacional, Ebrahim Asvat, es necesario que se establezcan los "balances necesarios", a fin de evitar excesos por parte de quienes dirijan esta entidad.
No obstante, consideró que este proyecto, tal como ha sido presentado, es propio de todo servicio de seguridad.
Falta explicación.
A juicio del ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Guillermo Villarreal, el Gobierno debe explicar a la faz del país la génesis de este proyecto.
De acuerdo con Villarreal, volver al espionaje, tal como ocurría en los tiempos del G2 "es un retroceso" en materia del derecho ciudadano.
"Los ciudadanos no podemos ceder el derecho a la privacidad", dijo.
Leyes y no decretos.
Para Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, estos temas de seguridad deben ser regulados por medio de leyes y no por decretos de Gabinete.
A su parecer, estos son temas muy sensitivos, ya que tienen que ver con la seguridad, la vida y las libertades ciudadanas.
Precisó que el país necesita modernizar su Policía y sus estamentos de investigación criminal para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico.
"Estas reformas deben ser parte de un plan bien pensado y estructurado, que se haga sin apuros, que sea el resultado de consensos nacionales y que no debilite la democracia ni los derechos ciudadanos. Necesitamos una seguridad con valores democráticos y todos debemos estar muy pendientes de defender esto", manifestó Castillo.
