Mientras que el sector empresarial se mantiene alerta para que con el Código Penal no se afecten sus actividades comerciales, otros como la Comisión de Justicia y Paz vigilarán que se aprueben todas las normas incluidas en el Código para combatir la corrupción.
Maribel Jaén, directora Ejecutiva de la Comisión de Justicia y Paz, señaló que entre los temas que quedan pendientes de discusión en estos dos últimos bloques, están los relativos a la corrupción de los servidores públicos.
En este sentido, consideró que al tomarse en cuenta las recomendaciones que ha hecho el Misterio Público y la Secretaría Nacional de Transparencia, sería un paso más para poder obstaculizar el flagelo de la corrupción, que lamentablemente se encuentra permeada en el engranaje gubernamental.
Tanto el Ministerio Público como la secretaria general de Transparencia, Alma Montenegro de Fletcher, han pedido que se penalice a los denominados funcionarios "botellas" o que cobran sin ir a trabajar.
En tanto que Alibel Pizarro, de la Alianza Nacional de Mujeres, afirmó que van a estar vigilantes durante toda la semana, porque a su parecer la tipificación de la violencia se ha reducido a unos cuantos artículos. "No estaremos conformes hasta tanto veamos el documento aprobado, preservando los intereses de las mujeres, los niños y de toda la familia", acotó.
En este extenso Código Penal muchos artículos no existían, entre los que fueron adheridos se encuentra la desaparición o privación de libertad forzosa que alcanza penas entre los 10 a 15 años si la desaparición es por más de un año. El secuestro que causa una lesión psicológica y grave a las víctimas se le aplicará un aumento como pena mínima de 7 a 12 años y la extorsión presenta una pena entre los 5 a 8 años.
Hay hechos relevantes como el delito de terrorismo será de 25 años de cárcel; contra la Seguridad del Canal de Panamá, de 20 a 30 años y de 5 a 10 años la retención indebida de cuotas obrero patronales.
Sin embargo, ante la lucha de los delitos contra el pudor y la libertad sexual las quejas se miden en que no es clara la tipificación de la divulgación de pornografía, se elimina el proxenetismo y el rufianismo. De todos es conocido que se mantienen en los tribunales sonados casos de proxenetas.
Hay duras críticas de los artículos 187, 189 el cual fue adherido al Código y 422, al considerarse que lesionan la libertad de expresión.
Las críticas de la sociedad civil hacia el proyecto que se mantiene en segundo debate, aducen que no es preventivo y no se inclina hacia la despenalización, desjudicialización y desprisionalización.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
