Tres propietarios del Residencial Villas del Golf, ubicado en Calle Primera Parque Lefevre, fueron objeto ayer de un repentino secuestro de sus bienes de parte de tres juzgados, luego que éstos demandaran la construcción de un edificio de alta densidad en las inmediaciones del residencial.
En una acción ejecutada por Malema Young, juez segunda del ramo civil, Rolando Villalobos, juez secretario del Juzgado Segundo del Ramo Civil, y Rafael Guzmán, juez undécimo, se realizó el inventario y traslado de los bienes.
Los afectados con esta acción fueron los ciudadanos Ricardo J. Bermúdez, Carlos Orfila y Luis Ramón Fábrega, quienes asombrados junto a los propietarios de las 12 viviendas que componen el residencial, observaban como se procedía con la acción judicial sin que mediara una explicación convincente sobre el particular.
Ricardo Bermúdez, hijo, explicó a El Panamá América que lo ocurrido es un claro abuso de autoridad que se produce luego que los residentes se quejaran ante la ley por la construcción del Condominio Praderas, contiguo a los linderos del residencial, por violación las reglas de desarrollo urbano.
Señala que existe un fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en la que ordena la suspensión de la obra motivo de la controversia, pero hoy los dignatarios de la empresa dueña del condominio han secuestrado los bienes de los tres residentes de Villas del Golf que presentaron la referida demanda.
Considera que este asunto se tendrá que resolver en la Corte en estricto apego a la ley. Sorprendente que existiendo un fallo de la máxima instancia de justicia en el país que ordena la suspensión provisional de la obra hasta tanto no se resuelva el conflicto, se proceda de esta forma intimidatoria y sin sentido.
"Si pensaban que con esta acción nos iban a amedrentar han logrado lo contrario, pues lo que han hecho es revivir más la pasión de que se cumpla la ley y se aplique para todos por igual", sostiene Bermúdez.
"Lo que buscamos los residentes es que el Condominio Praderas cumpla con las ordenanzas que la ley dispone para el desarrollo urbano de la ciudad de Panamá, pues se trata de un área de baja densidad por lo que no debe existir un edificio de 35 pisos como el que se construye y así está plasmado en los estudios que existen del sector", señaló.
Carlos Orfila, otro afectado, dijo no entender las leyes de este país, porque existe una orden de la Corte para parar la obra y no le han hecho caso. Por otra parte la decisión de la Corte ratificada por la Dirección de Ingeniería Municipal que también ha solicitado su suspensión al corregidor de Río Abajo, quien no ha procedido a ejecutarla.
Por su parte, Diego De la Guardia, representante legal de Mercatel, S.A., empresa dueña del condominio, señaló que se estaba practicando una acción legal ordenada por tres tribunales de justicia. De la Guardia se negó a dar declaraciones y sólo se limitó a señalar que no ventilaría este caso en los medios, sino en los tribunales donde los afectados tienen todo el derecho de defenderse de acuerdo con las leyes de este país.
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