El legislador Elías Castillo expresó ayer su preocupación por la actuación de la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa, que en su opinión ha "secuestrado" el proyecto de ley que pretendía crear el defensor o procurador del consumidor.
Denunció que desde hace varias semanas presentó la propuesta mediante la cual se pretende fusionar el Ente regulador de los Servicios Públicos (ERSP) y la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), pero no se le ha prestado la atención debida.
Castillo, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo que esta es una propuesta de mucho interés para todo el país que requiere que se haga algo con estas instituciones que representan un gran gasto para el Estado y que en opinión de los usuarios no resuelven los problemas que les corresponde atender.
Añadió que en las últimas semanas representantes de diversas organizaciones le han llamado para preguntar cuál fue el destino que tomó esta propuesta de ley.
Lamentó que la Comisión de Comercio en lugar de discutir este proyecto de ley le haya dado ese tratamiento de "secuestrar" la propuesta, a pesar de que existía el tiempo necesario para discutirlo y aprobarlo.
De cualquier forma, lo mejor hubiese sido someter el proyecto a discusión para generar la polémica y conocer la opinión de diversos sectores de la sociedad con respecto al tema.
Por medio del proyecto se pretendía fusionar a la CLICAC con el ERSP y a la vez eliminar a tres de los directores que tienen estas instituciones y que actualmente devengan un salario de B/.10 mil mensuales.
Por su parte, el viceministro de Economía, Domingo Latorraca, aclaró que se abstuvieron de votar en la reunión de Junta Directiva para dar la oportunidad de que la propuesta se vuelva a discutir.
Latorraca cuestionó el hecho de que la administración de la CSS haya presentado un programa de contención que no alcanza ni el uno por ciento del presupuesto de la institución.
Precisó que durante los tres primeros meses del año la CSS presenta un déficit de B/.11 millones y la planilla administrativa sigue aumentando.
Algunos de los cuestionamientos de la Contraloría de la República presentados mediante un informe al presupuesto del Seguro Social son que al 31 de diciembre de 2001, el estado de resultados muestra una utilidad por B/.72,264,246 y al 31 de diciembre de 2002, refleja una pérdida de B/.18,554,363.
El inicio de las pérdidas se observan reflejadas en los Estados financieros al mes de marzo del 2002, por un monto de B/.1,308,000.
Mientras que para marzo del presente año está pérdida está en B/.11,171,000 lo que demuestra un incremento de B/.9,863,000 en las pérdidas financieras al comparar marzo de 2002 con el 2003.
Sustentó que existen cuentas por pagar no registradas por un monto de B/.4,763,42, éstas incluyen entre otras operaciones, B/.1,526,836 de cuentas por pagar servicios internacionales; B/.613,982, hospedaje y alimentación; B/.381,674, servicios básicos; B/.66,327, arrendamiento y B/.2,174,609 pago a proveedores. También existen compromisos solicitados a través de reservas por más de B/.23 millones correspondientes a gastos de inversión y funcionamiento del período 2002, que no han sido reflejados.
El análisis de los auxiliares señala que la cuenta de equipo rodante incluye registros duplicados por la suma de B/.376,931.00 y omisión de registros por B/.174,849.
Los registros activos fijos presentan diferencias entre registros de contabilidad y el control de estos bienes por la suma de B/.50,345.480 donde los registros contables mantienen el mayor valor, afectando las estimaciones de las depreciaciones correspondientes a este rubro y la confiabilidad de la cuenta de activo fijo en los estados financieros.
Tanto Weeden como Latorraca plantearon que existe una "seria crisis" en la Caja de Seguro Social que debe ser atendida cuanto antes por su administración.
Otras de las irregularidades denunciadas por la Contraloría de la República es que existen cuentas canceladas desde 1998 por B/.15,522.07, que aún aparecen pendientes de pago.
Detalla que las cuentas por cobrar patronales a septiembre del 2002, que asciende a B/.49,194,104, incluye B/.13,960,410 en saldos créditos no usuales, que se originan por omisión de registros (se registra el pago de la deuda, sin haber registrado la cuenta por cobrar que sustenta el arreglo o convenio de pago) o por errores de captura. Esto afecta los saldos a diciembre del 2002.
Las principales fallas que enumera la Contraloría en el Seguro Social son cuentas omitidas, ya sea pagadas o no pagadas, diferencias en inventarios físicos, falta de registros en bienes patrimoniales, registros duplicados, entre otras.
