- 95 fincas fueron mencionadas en la denuncia presentada contra la empresa.
- Argumento de la DGI para fijar la suma del secuestro al ingenio: Se multiplicó por 7, el impuesto que supuestamente no se pagó.
Como un atentado contra la seguridad jurídica y el respeto a la libre empresa han calificado gremios del sector privado, el cierre de algunas empresas en el país y el reciente caso de secuestro que se dio a la Central Azucarera La Victoria, en Santiago de Veraguas.
Ayer, empresarios se mostraron en contra de las medidas impuestas por el presidente Juan Carlos Varela contra la empresa azucarera, competidora de Varela Hermanos S.A., de la cual es accionista el mandatario.
Elisa Suárez de Gómez, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), destacó que el hecho de que se secuestren y cierren empresas privadas en el país atenta directamente contra la seguridad jurídica y el libre ejercicio de las empresas.
Añadió que este tipo de decisiones afectan principalmente la mano de obra al quedar cesante de sus labores y por lo cual dejarán de percibir ingresos.
Agregó que el Gobierno debe estar centrado en qué es lo que quiere, y puede perseguir el delito de una forma adecuada y como lo dice la ley, pues si algo está incorrecto o si hay evasión fiscal, entonces que se cumpla y se pague.
Suárez fue enfática al señalar que este tipo de actos puede traer consecuencias negativas tanto para los empresarios nacionales como para los extranjeros, ya que podríamos estar perdiendo competitividad, lo que impactaría en la inversión extranjera al no cumplir con todos los parámetros que debe tener la seguridad jurídica en el país.
Resaltó, además, que los pilares de nuestra economía precisamente son la inversión privada y debe tomarse en cuenta que más del 60% del producto interno bruto (PIB) del país es generado por la empresa privada.
En este sentido, José Luis Ford, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), señaló que la empresa tiene el derecho de hacer sus descargos correspondientes.
Persecución
La persecución política del presidente de la República, Juan Carlos Varela, iría más allá de extender su control sobre las instituciones públicas y órganos del Estado, al ordenar la detención y aprehensión de bienes de sus adversarios empresariales.
Así lo expuso el expresidente de la República Ricardo Martinelli en reacción al secuestro ordenado por la Dirección General de Ingresos (DGI) hacia los bienes, cuentas corrientes, depósitos y cuentas bancarias de la Central Azucarera La Victoria, S.A.
“Ayer fue Campos de Pesé, la tanquería de gas, barro blanco, el hospital oncológico, locales de Tocumen, el próximo puede ser cualquiera de ustedes”, expresó en Twitter el exmandatario.
La Dirección General de Ingresos (DGI) ordenó mediante un auto fechado el 4 de marzo de 2015 y firmado por Publio Cortés, director general de Ingresos y allegado al mandatario, el secuestro por 33 millones 531 mil 290 dólares del ingenio.
El presidente Varela buscaría apoderarse del negocio del azúcar, tras el cierre en noviembre del año pasado, luego de medidas de presión desde el Ejecutivo, de la empresa Campos de Pesé, que operaba el Ingenio San Carlos.
Esta situación trajo consigo el desempleo de unos 2,200 trabajadores que dependían de la actividad azucarera en esta región del país.
Ante esto, los gremios de empresarios advirtieron que al cerrar las empresas se atenta contra los trabajos de gente humilde que no cuenta con preparación.
El documento que ordena el secuestro fue presentado con base en una denuncia sobre la existencia de una presunta defraudación fiscal por parte del ingenio, al adquirir un número plural de fincas cuyos valores inscritos en el Registro Público distan de los que les fueron reconocidos en el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).
Esto, en un tiempo récord de 12 días hábiles, pese a la lentitud de los trámites que deben pasar miles de panameños al realizar sus trámites administrativos.
El 19 de febrero pasado, el Registro Público remitió copias autenticadas sobre los valores inscritos de las fincas, que supuestamente difieren de los valores certificados por el Mici.
A pesar de que el informe preliminar del Departamento de Auditoría y Fiscalización de la Dirección de Ingresos establece que la supuesta suma dejada de pagar asciende a 4.1 millones de dólares, el secuestro se impone por 33.5 millones de dólares, una cantidad siete veces superior.
Intereses
El Gobierno se ha caracterizado por aplicar medidas para favorecer la actividad comercial que desempeña Varela.
Recientemente se aprobó en tercer debate en la Asamblea Nacional, el proyecto de ley 126 que aumenta el impuesto a la cerveza, el cual busca equiparar el gravamen que pagan en este momento las bebidas alcohólicas, sector en el que tiene intereses económicos el presidente y cuyas tasas fueron modificadas en 2013 por una propuesta presentada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda.
Adicional a esto se dio la persecución comercial contra la empresa Campos de Pesé, la cual operó en el mismo distrito donde tiene su empresa el presidente Varela, y tuvo que cerrar sus operaciones en el país.
El 19 de agosto de 2014, con menos dos meses en el poder, el Consejo de Gabinete emitió una resolución en la que ordenaba la disminución del precio de venta del etanol, de $1.22 a $0.78 por litro.
Esta decisión, mas una resolución de la Secretaría de Energía que hacía opcional el uso del etanol, afectó directamente a la empresa, que no pudo sostenerse económicamente.
La Central Azucarera La Victoria, S.A. es el segundo ingenio más grande del país y opera en el distrito de Santiago, Veraguas.
Conflicto de interés en ley que aumenta el impuesto a la cerveza
El economista Juan Jované señaló que habría que ver si hay algún conflicto de interés en el aumento de impuesto a las cervezas. “Además de ser presidente, él (Juan Carlos Varela) es accionista de una empresa de bebidas alcohólicas; hay que ver hasta qué punto hay o no un conflicto de intereses, y esto hay que aclararlo a la ciudadanía”, señaló.
A este comentario se unen las críticas de los directivos de las cerveceras, quienes rechazaron la propuesta aprobada recientemente en tercer debate, al considerar que las bebidas con mayor cantidad de alcohol deben ser las implicadas en el impuesto.
Alex Sousa, vicepresidente de Cervecería Panamá, expresó que el debate sobre la equiparación de impuestos debe darse mediante los estudios correspondientes y el análisis de mercado.
A su vez, Juan Fábrega, vicepresidente de la Cervecería Nacional, sostuvo que la cerveza es una bebida con bajo contenido de alcohol, mas no así los licores.
A nivel mundial se han creado impuestos muy distintos en relación con las cervezas y los licores. Incluso, la producción para elaborar cervezas sería otra área comercial afectada, pues resulta más costosa la preparación de licores, que de cerveza.
Datos
- 6.3% prevén los industriales que crezca la economía panameña durante 2015.
- 1.3% ha aumentado el desempleo con este gobierno, denuncian voceros de Cambio Democrático.
