Tras 11 años de litigio, la junta directiva del Seguro Social aceptó una “indemnización” de ICA Panamá de B/ 3.4 millones por los daños que ocasionó la construcción del Corredor Sur a una de las fincas del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La cifra es significativamente inferior a los B/ 12.4 millones que -en su momento- estimó Catastro del otrora Ministerio de Hacienda y Tesoro y el departamento de Ingeniería de la Contraloría.
El avalúo catastral reposa en la demanda que presentó -en el 2000- la institución de seguridad social contra ICA Panamá ante la Sala Primera de la Corte Suprema, que estaba próxima a dictar sentencia final.
Este acuerdo, denominado “Convenio de Transacción, Desistimiento y Acuerdo de Indemnización”, fue suscrito en las postrimerías del gobierno de Martín Torrijos (18 de junio) y a pocos días de que la Asamblea Nacional ratificara la reelección de 3 de los miembros de la junta directiva, entre ellos, su presidente Guillermo Puga.
El documento también cuenta con el visto bueno del actual director de la CSS, René Luciani, cuya gestión está por finalizar.
Gabinete.
El acuerdo tiene además el consentimiento del Consejo de Gabinete que, a través del ex ministro de la Presidencia, Rafael Mezquita, solicitó a la Procuraduría General de la Nación emitir concepto favorable a esta resolución.
Con este procedimiento se pone fin a este largo litigio en el que el programa de IVM, que financia las pensiones o jubilaciones, dejó de percibir casi B/ 9 millones.
Reacción.
Según el vicepresidente de la junta directiva de la CSS, Rafael Medina, fue “lo mejor que se logró para beneficio del programa (IVM) y de los asegurados”.
Medina resaltó el hecho de que en este convenio se hizo válido el dicho “más vale un mal acuerdo que un largo pleito, donde al final se iba a perder”.
El vicepresidente de la junta directiva destacó que en primera instancia el fallo se dio a favor de la CSS, pero después la empresa ICA Panamá apeló “complicando los trámites legales”.
“Se dijo que la Caja no recibiría todo lo que aspiraba, debido a la gran cantidad de trámites legales, por lo que aceptamos el convenio”, explicó Medina.
Aseguró que a pesar de lo “poco obtenido”, los terrenos siguen siendo propiedad de la CSS, y que ahora registran un gran valor.
ICA Panamá también deberá construir vías de acceso a las parcelas de la finca afectada, que quedaron sin ellas como consecuencia de la construcción del Corredor Sur.
“Aunque no fue la mayor aspiración de la junta directiva, sí era el mejor ofrecimiento por la cantidad de años que se llevó la pugna”, manifestó Medina.
El pleito legal, según Medina, podía extenderse hasta 15 años, por lo que alega que la decisión de la administración fue la correcta.
Panamá América intentó conocer la versión del director de la CSS, René Luciani, sobre este tema, pero no se obtuvo respuesta.
Por su parte, el abogado Víctor Martínez solicitó al nuevo Gobierno que investigue el acuerdo entre ICA Panamá y la CSS.
Martínez dijo que “ese acuerdo fue obligado y forzado” y que los que perdieron en dicho acuerdo fueron los asegurados.
Afirmó que los únicos responsables en la pérdida de los millones de balboas del programa IVM fueron los funcionarios del Gobierno del PRD.
Martínez se comprometió a investigar este acuerdo “forzado” para luego presentar una demanda legal, si hubo irregularidades.
