Tanto en materia de posibles alternativas al problema de las pensiones, como en funcionamiento administrativo, la CSS atraviesa una "crisis", porque ni siquiera el presupuesto del próximo año, que oscila en B/.1,300 millones, ha sido aprobado por la Junta Directiva de la institución, integrada por 11 representantes del sector privado, obrero y gubernamental.
El Ministerio de Economía y Finanzas rechazó el presupuesto, debido a que tiene un déficit superior a los B/.90 millones.
A raíz de la falta de liquidez en las reservas futuras de la CSS y ante la necesidad de encontrar una solución al problema del sistema de pensiones, la presidenta Mireya Moscoso solicitó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que convocara un diálogo con los diversos sectores de la sociedad, el cual se inició en junio del 2002.
La Caja de Seguro Social fue creada en 1941, y es una entidad de Derecho Público, autónoma en lo administrativo, en lo funcional, económico, financiero, con personería jurídica, patrimonio propio con derecho a administrarlo y fondos separados e independientes del Gobierno Central.
La entidad tiene a su cargo la administración y dirección del Régimen de Seguridad Social de conformidad con la Constitución Nacional, las leyes y reglamentos pertinentes, y cubrirá los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y viudez, orfandad, auxilios de funerales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
No obstante, la Constitución Nacional establece que todo individuo tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia, en caso de incapacidad para trabajar u obtener un trabajo retributivo.
La CSS funciona a través de cuatro programas: Enfermedad y Maternidad, Administración y Gestión, Riesgos Profesionales e Invalidez, Vejez y Muerte. Al principio la institución registraba un total de 38,148 personas protegidas, cifra que ascendió a 1,850,044 hasta 1999.
La Junta Directiva la conforman el ministro de Salud, el ministro de Economía y Finanzas, un representante de los profesionales de la salud, tres del sector patronal, cuatro de los trabajadores y uno de los jubilados y pensionados.
Los organismos superiores de la CSS son la Junta Directiva (órgano de liberación y decisión), el director general (administración y ejecución) y el Consejo Técnico (órgano consultivo de la dirección general y de la Junta Directiva).
La entidad maneja un presupuesto superior a los 1,000 millones, el cual desde este año tuvo que ser recortado en más de B/.200 millones a solicitud del Organo Ejecutivo, por la falta de liquidez.
La administración ha sido criticada debido a que diversos sectores incrementaron sus gastos administrativos en los últimos años, del 2002 al 2003 en B/.21,560, o sea, de B/.218,597 a B/.240,157. Según los representantes de la empresa privada, los gastos han aumentado principalmente por la contratación de nuevo personal.
El director de la entidad, Juan Jované, se ha quejado de la política financiera del Estado hacia el Seguro Social, al punto que ha indicado que existe la intención de "estrangularla". Pero le atribuye la crisis de la entidad al sector empresarial, por la evasión de las cuotas, y al escaso crecimiento de la economía panameña.
Jované sustenta su denuncia en el manejo que ha dado el Banco Nacional de Panamá (BNP) a los recursos del Seguro Social, y acusó a esta entidad financiera de violar la Ley Orgánica de la institución al no pagarle los intereses del mercado en la colocación de bonos. Los ingresos de la institución provienen en 3/4 partes de la cuota obrero patronal (más del 75%), 1/5 de los ingresos financieros, y 1/20 de los aportes del Estado.
El diálogo ha caído en un "punto muerto", porque no existen las condiciones para que los grupos retomen las conversaciones a fin de analizar las diferentes propuestas, ahora que se entregó la base de datos depurada por parte de los técnicos actuariales de la CSS.
De acuerdo con análisis financieros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de actuarios panameños, para el pago de pensiones la CSS presentará una crisis financiera superior a los B/.2,500 millones en los próximos años.
Al respecto, el dirigente del sector obrero y secretario de la Confederación de Unidad Sindical (CoNUSI), Gabriel Castillo, señaló que el diálogo ya perdió su razón de ser, ya que no lograrán ningún acuerdo en la mesa.
"El diálogo debe ser clausurado, porque ya rindió sus frutos en tres programas hasta el 14 de noviembre del 2002, que son Administración y Gestión, Enfermedad y Maternidad, y Riesgos Profesionales", acotó.
Consideró que el diálogo fue positivo debido a que ofreció un diagnóstico de la situación del Seguro Social, sobre todo del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Sin embargo, sustentó que el sector obrero no está dispuesto a cargar más con el sacrificio de la seguridad social, pues ahora le toca al patronal.
Para el representante del sector empresarial, Juan Lacalle, no hay transparencia de parte de la administración de la CSS en educar a la población sobre los problemas de la institución.
"Algunos sectores se han ido a la demagogia, porque quieren mantener el poder dentro de la institución", acotó.
Subrayó que estos "apetitos" le costarán mucho al pueblo panameño y a la clase trabajadora, que está siendo utilizada.
Negó que exista la intención de privatizar la institución, porque la situación es tan grave que aquellos que no aportan al sistema han contribuido a que el "hueco no sea mayor".
Planteó que el diálogo debe continuar y no permitir que cuatro grupos, de un total de 24 organizaciones, lo cierren.
"El diálogo debe continuar y no convertirse en un foro de promoción de posturas políticas y confrontación", añadió.
Precisó que desde el 2001 los ingresos del IVM sobrepasaron los gastos, porque el superávit de caja, que debió aumentar en el 2001 en más de B/.323 millones, sólo lo hizo en B/.34 millones, y el año pasado hubo que recurrir a las reservas que se redujeron en B/.10 millones.
Según Lacalle, es claro que los ingresos del IVM no serán suficientes para cubrir las pensiones de los jubilados en el 2010, por lo que habrá que recurrir a las partidas de los presupuestos de educación, salud, vivienda y otros.
Para el empresario, la mejor propuesta es el sistema de capitalización individual complementario, a través del cual el trabajador tenga derecho a contribuir en una cuenta personal.
Detalló que los rendimientos son más altos y brindan mejores beneficios, además se podría mantener el sistema básico solidario con pensiones mínimas.
Al respecto, Francisco Bravo, ex presidente de la Comisión Médica Nacional y representante ante la Junta Directiva de la CSS, afirmó que hay una crisis en el diálogo, porque hay posiciones opuestas que han provocado un "estancamiento".
Puntualizó que no se quiere llegar a un punto intermedio de consenso a pesar de que es necesario modificar la Ley Orgánica de la institución.
Señaló que todas las partes se deben sacrificar, porque el sistema actual no está funcionando y algunas de las alternativas son aumentar los años de cotización y la cuota obrero-patronal.
"No puede ser que un obrero que devenga 400 balboas mensuales, que paga dos balboas mensuales a Enfermedad y Maternidad, tenga derecho a consulta médica, hospitalización, tecnología de primera, servicios médicos, ultrasonido, además le cubre a su esposa, cuatro hijos, madre enferma y si tiene hijos por fuera, también", argumentó.
Sustentó que se debe modificar la ley, de lo contrario la institución va "cuesta abajo", debido a que no se pueden estancar y decir "no queremos que quiebre el Seguro Social, pero que paguen los obreros; y los obreros dicen, que pague el patrono. Paguemos todos", enfatizó.
Aumento de la edad de jubilación
Disminución de la tasa de sustitución
Aumento de la densidad de cuotas
Aumento de los años de cotizaciones acreditadas para el cálculo del salario base mensual
Diversificar la cartera de inversiones
Gravar los gastos de representación
Eliminar la morosidad y evasión.
Sistema de tres pilares con capitalización de cuentas individuales
Capitalización del sistema mediante aporte del Estado
Estas son algunas de las propuestas que se han planteado en la mesa de IVM, que con la base de datos depurada deben ser analizadas para determinar cuál sería el impacto sobre el sistema de seguridad social.
Las decisiones en cuanto a la seguridad social y su crisis han sido duras, y le tocó al gobierno del ex presidente Guillermo Endara asumirla con una modificación a la Ley Orgánica donde se aumentó la edad de jubilación a los hombres de 57 a 62 años y a las mujeres de 55 a 57 años de edad, este proyecto fue llevado a la Asamblea Legislativa por la legisladora de la Democracia Cristiana, Gloria Moreno de López, sin embargo, la pasada administración de Ernesto Pérez Balladares no tocó el problema.
Se trata de la institución creada por el extinto mandatario Arnulfo Arias Madrid, líder del Partido Arnulfista y esposo de la presidenta, Mireya Moscoso, y por ello, ella dice tener un "cariño especial por la institución y que jamás promoverá su privatización".
De no lograrse una decisión en el diálogo, le corresponderá al Organo Ejecutivo y al Legislativo encontrar alguna solución, sin importar el "costo político" y así garantizar que el sistema de seguridad siga funcionando, de lo contrario quebraría la CSS y por ende, el Estado panameño.
